Bolivia ha sido testigo reciente de un intento de golpe de estado que ha sacudido el país y ha puesto de manifiesto las tensiones políticas y militares dentro del estado. El general Juan José Zúñiga, excomandante general del ejército y protagonista de este intento fallido de golpe de estado, ha acusado directamente al presidente Luis Arce durante su detención.
Según Zúñiga, el presidente Arce le instó a preparar un plan para levantar la popularidad del mandatario. Esta conversación habría ocurrido antes del intento de golpe. El general afirma que Arce le preguntó si era necesario sacar los blindados, a lo que el general respondió afirmativamente.
En respuesta a estas instrucciones, el general Zúñiga ordenó que los blindados «empezaran a bajar, seis Cascabeles y seis Uruts, más 14 Zetas del Regimiento de Achacachi». Sin embargo, esto fue visto como un acto de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del estado, resultando en la acusación de los fiscales contra Zúñiga.
Las palabras de Zúñiga han coincidido con las denuncias de un «show político» lanzadas por dirigentes de la oposición, quienes desde el principio mostraron su repulsa en contra de la acción militar. La diputada regional Luisa Nayar criticó la actuación de dos ministros que se pavoneaban frente a las tanquetas y desafiaban a los militares fuertemente armados.
El intento de golpe duró menos de tres horas, terminando con Arce aún al frente del país. En una comparecencia posterior, el presidente reafirmó su posición, afirmando que «el único que nos puede sacar del gobierno es el pueblo«.
Zúñiga fue detenido en la entrada del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en La Paz, en presencia del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera. Fue recluido en la sede de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen, también en la capital boliviana.
Además de Zúñiga, fue detenido un segundo jefe militar, el comandante de la Armada Boliviana (Marina), Juan Arnez Salvador, también acusado de terrorismo y alzamiento armado. Ambos militares fueron presentados en una conferencia de prensa, esposados y acusados de intentar destruir la democracia e institucionalidad de Bolivia.
Según el ministro de Gobierno (interior), Eduardo del Castillo, Zúñiga y Arnez estaban en el interior de una tanqueta militar que intentó derribar las puertas de ingreso al Palacio de Gobierno, en la plaza de Armas de La Paz, donde el presidente Arce tiene sus oficinas.
Tras estos eventos, el gobierno de Arce destituyó a Zúñiga y Arnez de sus cargos y nombró a nuevas autoridades. La medida de reemplazo también afectó al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Marcelo Zegarra, aunque no se dieron detalles de su paradero.
Al final de una jornada frenética, Zúñiga fue arrestado en las afueras de un cuartel militar de La Paz y conducido a un vehículo policial bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado, según la fiscalía. La fiscalía imputó los mismos cargos a Arnez.
Estos eventos han agitado la política boliviana y han planteado serias interrogantes sobre la estabilidad del gobierno de Arce y la lealtad de las fuerzas militares. La acusación de Zúñiga a Arce de estar detrás del intento de golpe añade una nueva capa de complejidad a la situación, y solo el tiempo dirá cómo se desenredará esta maraña política.