El antiguo Palacio Presidencial de Bolivia, conocido como el Palacio Quemado, ha sido escenario de otro episodio violento, marcando otro capítulo en la tumultuosa historia política del país. El edificio, situado en la plaza Murillo de La Paz, fue violentamente invadido por un grupo de militares rebeldes liderados por el recientemente destituido jefe del Ejército, Juan José Zúñiga.
Este incidente marca el último de una serie de movilizaciones violentas, sublevaciones y golpes de Estado que han caracterizado la historia de Bolivia. Según un análisis realizado por los académicos estadounidenses Jonathan Powell y Clayton Thyne, Bolivia ha sufrido más golpes de Estado que cualquier otro país del mundo desde 1950, con un total de 23, aunque 12 de ellos fracasaron.
Este patrón de inestabilidad política ha sido evidente durante todo el periodo de dictaduras militares que se produjo entre 1964 y 1982. Durante esta época, varios presidentes de distintas tendencias políticas fueron derrocados por la fuerza. El historiador y periodista boliviano Robert Brockmann destacó la llegada al poder de Hugo Banzer Suárez, que gobernó Bolivia por primera vez entre 1971 y 1978.
Brockmann también mencionó el oscuro periodo entre 1978 y 1982, donde hubo una sucesión de 10 gobiernos, entre civiles y militares, y elecciones frustradas. Esta etapa culminó con otra dictadura, la del militar Luis García Meza, que gobernó Bolivia de facto entre 1980 y 1981 después de perpetrar un golpe de Estado con la asesoría de la dictadura militar argentina. Esta dictadura se caracterizó por una serie de masacres, persecuciones, estados de sitio y narcotráfico.
Tras el fin del periodo de dictaduras militares, Bolivia experimentó una etapa de democracia pactada, en la que quienes llegaban al poder debían construir alianzas. Durante esta época, los bolivianos se levantaron en defensa de sus recursos en las llamadas guerras del agua y del gas. Estas revueltas provocaron el derrocamiento del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, e impulsaron el ascenso al poder de Evo Morales con el apoyo mayoritario de la población.
Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, gobernó durante más de una década sin necesidad de alianzas. Sin embargo, su afán de mantenerse en el poder y su intento de cambiar las leyes para extender su mandato desencadenaron una crisis política en 2019. La población salió a las calles en protesta después de que Morales buscara reelegirse por cuarta vez consecutiva, lo que provocó la intervención de las Fuerzas Armadas y la posterior renuncia y huida de Morales a México.
Para el periodista y doctor en investigación social Rafael Archondo, desde que en 1982 se restableció la democracia, esta no se ha interrumpido. “Son 42 años de vida democrática, de Gobiernos constitucionales electos sucesivos de diversos partidos, donde todas las fuerzas, incluso quienes en algún momento tomaron las armas, se convirtieron en autoridades electas, y la presencia de los militares en la vida nacional ha sido completamente insignificante”, asegura.
La insurrección reciente encabezada por Zúñiga en la Plaza Murillo ha sido interpretada como parte de un enfrentamiento interno en el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dividido entre Morales y su sucesor, Luis Arce. Arce está enfrentando los desafíos de una fuerte crisis económica agravada por la falta de hidrocarburos y dólares.
En última instancia, todas las crisis políticas que Bolivia ha enfrentado en lo que va de siglo, desde la caída de Sánchez de Lozada en 2003 hasta la de Evo Morales en 2019, se han resuelto mediante los canales institucionales. Este hecho subraya la fortaleza de la sociedad boliviana, que está muy politizada y despierta, y la debilidad del Estado, que a pesar de haberse fortalecido en este siglo, nunca ha conseguido afianzarse en contra de los deseos de la sociedad.
