El lunes por la mañana, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, compareció ante la Corte Suprema de Justicia para un caso de difamación, destacando que es el más reciente de una larga historia de demandas que ha interpuesto contra quienes la difaman. Durante su campaña electoral en 2022, antes de ganar las elecciones, demandó a varias figuras públicas que la insultaron con comentarios racistas o la acusaron de ser guerrillera. En casi todos los casos, la justicia le dio la razón.
Al asumir el poder, Márquez comprendió que, según la legislación, debía tolerar algunos golpes en la opinión pública debido a su cargo. Sin embargo, a finales del mes pasado, ella y su abogado consideraron que un legislador, el senador Jota Pe Hernández, había cruzado una línea.
El caso de difamación comenzó el 27 de mayo cuando Hernández insinuó en una entrevista con la revista Semana que la vicepresidenta podría estar involucrada en el escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro: el de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), de donde supuestamente salieron millones de pesos para sobornar a congresistas.
Ante estas acusaciones, Márquez respondió de inmediato demandando al senador una retracción de sus insinuaciones malintencionadas. Sin embargo, Hernández se negó a retractarse, lo que llevó a la vicepresidenta a demandarlo.
El abogado de Márquez, Carlos Hernán Escobar, declaró que su cliente cree que se cruzó una línea con las acusaciones de Hernández, ya que no son las palabras de una persona cualquiera, sino las de un senador con una gran audiencia y una figura pública.
El caso llegó a la Corte Suprema, la institución que juzga a los congresistas. Antes de avanzar en el proceso, el tribunal citó a ambos políticos para una conciliación, pero no llegaron a un acuerdo. El senador Hernández afirmó que su declaración simplemente reflejaba el control político que ejerce, a pesar de no tener “ninguna prueba en estos momentos con la que pueda señalar a la vicepresidenta”.
Jota Pe Hernández es un influencer polémico que llegó al Legislativo en 2022. A pesar de ser del partido Alianza Verde, que formó parte de la coalición de gobierno, ha sido cercano a la oposición y ha dado mucho de qué hablar.
La vicepresidenta Márquez tiene un historial de demandar por injuria o calumnia. Durante su campaña presidencial, demandó a varios personajes públicos por comentarios racistas. Su lema desde la campaña ha sido: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Uno de los casos más destacados fue el de Gabriel Vallejo, director nacional del partido uribista Centro Democrático, quien se disculpó por insinuar que la vicepresidenta estaba ligada a una guerrilla. Otro caso fue el de la cantante Marbelle, quien también tuvo que retractarse por hacer comentarios racistas sobre Márquez.
El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, también tuvo que hacer una disculpa pública después de otro proceso legal. Polo Polo se retractó de su afirmación de que Márquez era una estafadora y que tenía vínculos con el grupo delincuencial ELN.
Márquez también se enfrentó a un caso de discriminación y racismo de una mujer llamada Fabiola Rubiano. Rubiano fue condenada a un año de prisión, a pesar de que no fue encarcelada debido a la reducida duración de su sentencia.
Muchos políticos son señalados diariamente de corrupción sin pruebas. Si las autoridades no investigan estos señalamientos, esas declaraciones permanecen en la web para siempre. Francia Márquez, con la dignidad como su bandera, y su demanda contra el senador Hernández, ha dejado claro que quiere poner límites a esta forma de manejar el debate público.
