El escenario judicial en Andorra ha sido sacudido por una nueva investigación, conocida como la Operación Monterrey. Esta pesquisa ha abierto un nuevo frente en el país pirenaico, y ha salpicado a dos figuras conectadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México. Según documentos obtenidos por EL PAÍS, la jueza Canòlic Mingorance está investigando un presunto delito de blanqueo de capitales que implica a Juan Ramón Collado, quien fue abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), y a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del exmandatario Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
La causa se centra en el trasfondo de una transacción interna de 450.000 dólares (algo más de 420.000 euros). En noviembre de 2008, Collado transfirió este dinero al familiar del expresidente Salinas de Gortari a través de las cuentas que ambos poseían en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Esta entidad se encuentra en un país de 77.000 habitantes donde, hasta 2017, rigió el secreto bancario.
Para proteger el anonimato de la transacción, Collado utilizó la fachada de su sociedad instrumental (sin actividad) holandesa, Turinga CV. Por su parte, Salinas Pasalagua recibió el dinero en su cuenta cifrada en la BPA, denominada “441984 Madrigal”, que estaba gestionada por el entonces responsable de la entidad financiera andorrana en México, Joan March Masson.
Las preguntas clave que buscan responder las investigaciones son: ¿Por qué Collado envió 450.000 dólares a Salinas Pasalagua? ¿Por qué el dinero circuló a través de una estructura financiera compleja y enrevesada?
La jueza ha descubierto que la cuenta de Collado en la BPA fue alimentada con capital procedente de la entidad Pershing Llc Jersey City. Esta última, a su vez, recibió fondos de la oficina suiza de Amicorp, una firma de gestión de grandes patrimonios y fideicomisos.
Sobre el motivo de la transferencia, Collado justificó en 2008 que el dinero enviado al familiar de Salinas de Gortari correspondía a una comisión por actuar como intermediario en la venta de una empresa vinculada al grupo de comunicación mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI. Sin embargo, la Policía de Andorra cuestiona esta operación, concluyendo que Collado no aportó suficiente documentación para demostrar la veracidad de la transacción y que “no se puede acreditar el origen de los fondos”.
La siguiente pieza del rompecabezas conduce a Salinas Pasalagua. Cliente de la BPA desde abril de 2008, este abogado recibió en el banco andorrano fondos procedentes de transferencias internas, como los 450.000 dólares que le envió Collado. También recibió capital cuyo origen se encuentra en la casa de cambios mexicana Tiber.
Las operaciones financieras de Salinas Pasalagua en Andorra se asemejan a las de Collado. Según los investigadores, el esquema financiero de este último comenzaba con un depósito en efectivo en una casa de cambio mexicana. De ahí, el dinero se enviaba a una cuenta en la BPA a nombre de una empresa instrumental. Finalmente, el capital terminaba en el depósito de otro cliente de esta entidad financiera, intervenida en 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Los investigadores andorranos han criticado esta mecánica en varias ocasiones. Y recuerdan en sus informes que uno de los accionistas de la casa de cambio Tíber, Carlos Djemal Nehmad, fue condenado en 2018 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a seis años de cárcel por un fraude de 20 millones de dólares.
Un aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es que la BPA permitió abrir una cuenta a Salinas Pasalagua, a pesar de su condición de PEP (persona políticamente expuesta). En la jerga financiera, este término se refiere a aquellas personalidades que, por sus vínculos directos o familiares con el poder, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.
El abogado en Andorra de Collado, Antoni Riestra, reafirma que los 450.000 dólares que su cliente envió a Salinas Pasalagua corresponden a la comisión de este último por actuar como intermediario de “un importante grupo de comunicación mexicano”.
Juan Ramón Collado ha estado en prisión en México durante más de cuatro años. Fue arrestado en 2019 por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal por 36 millones de pesos (casi dos millones de euros). También tiene abierta una causa por blanqueo en Andorra, donde movió más de 120 millones de dólares a través de un entramado financiero opaco en la BPA.
Además de Peña Nieto, Collado, conocido como el abogado de los poderosos, ha prestado sus servicios a personalidades como Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo; Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, detenido en 1995 por enriquecimiento ilícito y por el homicidio del exsecretario del PRI, Francisco Ruiz Massieu; Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, acusado de fraude y enriquecimiento ilícito; y de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.
