La historia de Kali Pliego, una educadora sobre seguridad pública de 42 años en Minneapolis y su marido, un inmigrante mexicano, refleja la experiencia de muchos matrimonios interraciales en los Estados Unidos y la lucha que enfrentan debido a las leyes migratorias del país. A pesar de estar casados durante 17 años, el estatus migratorio irregular del marido de Pliego ha impedido su participación en muchas actividades cotidianas y ha limitado su capacidad para obtener beneficios legales.
Durante años, el marido de Pliego, cuyo nombre se omite a petición de la entrevistada, no ha podido participar como voluntario en las actividades escolares de su hijo, no ha podido ser titular en la hipoteca de la casa familiar, no ha tenido un vehículo a su nombre y no ha podido figurar como beneficiario en el seguro de vida de su esposa. A pesar de que Pliego es una ciudadana estadounidense, la ley migratoria ha impedido que su esposo, que entró en los Estados Unidos hace más de 20 años, regularice su estatus migratorio.
Bajo la anterior política migratoria, se requería que los inmigrantes irregulares salieran del país y esperaran al menos 10 años para poder tramitar su caso, a pesar de estar casados con ciudadanos estadounidenses. Esta política ha sido un desafío para muchos matrimonios interraciales, ya que a menudo lleva a la separación de las familias.
Sin embargo, con la reciente cambio en la política migratoria anunciado por la Administración de Joe Biden, se espera que al menos 500.000 matrimonios en las mismas circunstancias que los Pliego puedan normalizar su situación sin tener que salir del país. Este cambio permitirá a los inmigrantes irregulares que han vivido en los Estados Unidos durante al menos una década solicitar una autorización excepcional, conocida como «parole in place» o libertad condicional.
La nueva política excluye a aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional o hayan sido deportados alguna vez. Los que cumplan con los requisitos y reciban la autorización tendrán un plazo de tres años para tramitar su permiso de residencia. Durante este tiempo, estarán protegidos ante una posible deportación y tendrán autorización para trabajar. Los hijos menores de 21 años de estos migrantes que también estén en situación irregular podrán beneficiarse de la nueva política.
El Departamento de Seguridad Nacional estima que alrededor de medio millón de personas podrán beneficiarse de estas medidas. Sin embargo, grupos como American Families United estiman que el número de migrantes irregulares casados con estadounidenses es de 1.1 millones de personas.
A la luz de estos cambios, los Pliego y muchas familias como la suya esperan poder llevar una vida más normalizada y libre de miedo. Pliego expresa su agradecimiento por el cambio en la política migratoria, y está ansiosa por votar en las próximas elecciones de noviembre, para mostrar su apoyo a aquellos que han ayudado a su familia.
Este cambio en la política migratoria es un paso significativo hacia la protección de las familias inmigrantes y el reconocimiento de su contribución al país. Aunque aún quedan muchos desafíos, estos cambios brindan esperanza a miles de familias que han vivido en el temor y la incertidumbre debido a su estatus migratorio.
