Desde el inicio de la gran invasión militar a Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, el país ha documentado la deportación de cerca de 20,000 menores a Rusia. Paralelamente, la guerra ha provocado la desaparición de 2,008 niños, la muerte de 551 y heridas a 1,388; de estos, un total de 388 han logrado ser devueltos a sus hogares, de acuerdo con datos oficiales.
El traslado forzoso de la población fuera de su país durante un conflicto armado puede ser considerado un crimen de guerra por la justicia internacional. Este es un asunto de especial sensibilidad que Kiev ha denunciado repetidamente y que ha estado documentando desde el inicio del conflicto.
Para las autoridades ucranianas, la búsqueda de estos menores deportados implica una lucha añadida. Este grupo de deportados es despojado de su identidad y el tiempo corre en contra de su retorno y reinserción a la sociedad de la que fueron sacados sin su consentimiento. Sin documentos y con otro nombre, las pruebas de ADN resultan esenciales para la reagrupación familiar. Las autoridades rusas han llegado a presumir del proceso de “desucranización” implementado.
Estas cifras de menores deportados se encuentran en un portal digital abierto por el Estado ucranio, que también reporta los casos de 15 menores que han sido abusados sexualmente. “Las autoridades rusas les quitan la nacionalidad a los niños y cambian sus nombres y apellidos. Luego son adoptados o ingresados en centros de acogida, y les impiden regresar a su patria”, explicó Oleksandr Karasevych, embajador ucranio en Países Bajos, en un coloquio organizado por la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP), una ONG con sede en La Haya establecida en 1996 a instancias del expresidente estadounidense Bill Clinton.
Durante la sesión, se presentaron algunos casos concretos, como el de un niño ucranio deportado a los 16 años que terminó con una familia adoptiva rusa. “Buscado por su madre, es uno de los primeros que consiguió escapar y su familia rusa le sigue reclamando”, según Kateryna Rashevska, experta legal de la plataforma cívica ucrania Regional Center for Human Rights. “Una vez en Rusia, los niños deportados no solo son adoctrinados o militarizados. La destrucción de sus datos personales dificulta que puedan ser encontrados en suelo ruso, en Bielorrusia y Osetia, además de zonas ocupadas de Ucrania, que es donde pueden llevarles”, afirmó.
Rashevska ha calificado la situación de “crimen de guerra” y de “tortura o trato inhumano”, y su organización ha remitido información al respecto al Tribunal Penal Internacional (TPI). Durante el encuentro, la policía ucraniana ha indicado que la deportación se ha realizado de dos maneras: apartando a los niños de sus familias para llevarlos a la fuerza a territorio ruso, o bien sacándolos de instituciones ucranianas como orfanatos en las zonas bajo su control.
En el segundo caso, localizarlos es aún más difícil. Aunque el gobierno ruso asegura que los ha protegido al apartarlos de la guerra, sobre el presidente Vladímir Putin pesa desde marzo de 2023 una orden de arresto del TPI por su presunta responsabilidad en la extracción forzosa de los menores ucranios. El tribunal también busca a María Lvova-Belova, comisionada del Kremlin para los Derechos de los Niños. Rusia no es miembro de este tribunal y tampoco reconoce su jurisdicción.
Mariam Lambert, directora de la Fundación Orphans Feeding, con sede en Países Bajos y centrada hoy en repatriar menores ucranios deportados a Rusia, contradice el discurso oficial del Kremlin. En su opinión, las deportaciones “se prepararon antes de la invasión”. “En las listas que hemos remitido a la Unión Europea están incluidos abogados, médicos, enfermeras, maestros y policías rusos que están involucrados. No es un incidente aislado”.
Mykola Kuleba, comisionado de la Presidencia de Ucrania para los Derechos de los Niños, ha ido más lejos incluso. Ha dicho que, en Bielorrusia, “la Cruz Roja participó en la deportación de estos niños, algo que ha reconocido el jefe de la propia organización”. A través de sus investigaciones, Kuleba ha comprobado que los menores deportados “tienen miedo de salir de su situación para que no los maten o a sus familias, y el tiempo pasa”.
La identificación y reintegración de los niños que han podido ser retornados son los otros dos problemas afrontados por las autoridades. Sin documentos válidos, las pruebas de ADN son esenciales para poder localizar a sus familias. En este punto, Liz Barnert, pediatra cubano-estadounidense, ha subrayado la importancia del derecho a la identidad en un contexto de separación forzosa, y la eficacia psicológica de este tipo de análisis genéticos. “El ADN no miente y pueden producirse reencuentros que de otro modo nunca habrían tenido lugar”, señala.
Cofundadora de DNA Bridge (ADN Puente), un consorcio dedicado a la reunificación de familias migrantes, ha propuesto “un protocolo de carácter global para buscar a los desaparecidos”. Serhii Krymchuk, director del Centro de Investigación Forense del Ministerio de Interior de Ucrania, ha señalado que cuentan con un registro digital estatal de ADN y “48.964 familias han dejado su huella digital, de las cuales, 6.967 son muestras de niños”. Ucrania cuenta con un Consejo de Coordinación para lograr el retorno y reintegración de todos los niños deportados a la sombra del conflicto.
