El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, liderado por el ministro Carlos Montes, ha entrado en un periodo de preocupación y tensión debido a una filtración de información a los medios de comunicación. La información filtrada contiene los nombres de varios funcionarios del ministerio que han estado colaborando en las investigaciones del llamado caso convenios.
Este caso lleva un año desde que se detectó la irregularidad en un acuerdo entre la ONG Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, un incidente que ha llevado a la intervención de más de 60 fundaciones a lo largo del país.
El ministro Montes ha expresado su preocupación al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, solicitándole mediante un oficio que se adopten medidas necesarias y adecuadas para resguardar la honra de los funcionarios que han visto sus nombres publicados en los medios de comunicación.
El oficio enviado por Montes a Valencia indica que no solo se ha publicado información acerca del estado de las investigaciones que están siendo llevadas a cabo por la justicia, sino que además han aparecido los nombres completos de los funcionarios del ministerio que han sido objeto de diligencias.
Montes ha calificado esta situación como de «absoluta gravedad», argumentando que se pone en riesgo la honra de cada uno de los funcionarios a los que les rige el principio de inocencia.
El ministro enfatiza en la necesidad de adoptar medidas para evitar un daño mayor al ya provocado y señala que estas filtraciones pueden generar reticencia a aparecer de aquellos que puedan tener calidad de testigos y quienes puedan aportar antecedentes de relevancia para el esclarecimiento de los hechos.
Además, en el mismo oficio, Montes solicita poder gestionar la posible devolución de los equipos celulares particulares de los funcionarios a los que se les fueron incautados en el marco de las investigaciones, una vez realizadas las pericias correspondientes.
Desde que se destapó el caso de la ONG Democracia Viva en Antofagasta, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha logrado retener más de 1.186 millones de pesos de las cuentas corrientes de las fundaciones involucradas. Además, el CDE ha presentado siete querellas, nueve solicitudes de disolución de la personalidad jurídica de organizaciones no gubernamentales y 14 acciones de restitución de fondos.
Las querellas presentadas por los delitos de fraude al Fisco, apropiación indebida y lavados de activos, han apuntado contra las ONG Democracia Viva, ProCultura, TomArte, ONG RCKLT, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Asociación Deportiva Regional de Halterofilia de La Florida, En Ti, Fundación Educacional y Capacitación Educc, Fundación Capacitación y Formación Laboral Folab, Kimün y a la Fundación Para el Desarrollo y Liderazgo Indígena.
Paralelamente, el Ministerio Público a cargo de la investigación penal, tiene abiertas más de 100 aristas de este caso a nivel nacional, lo que demuestra la magnitud y la complejidad de esta situación que ha afectado a varias fundaciones y ha involucrado a altos funcionarios del gobierno chileno.
