El martes pasado, la vida de cientos de miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos cambió para mejor con la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden. Esta orden protege a los indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses de ser deportados. María de la Cruz, una mexicana de 47 años que ha estado viviendo en el país desde 1994, describió la orden como un «alivio». «Esto me da esperanzas de poder regularizar mi situación después de tantos años en este país», dijo.
La medida, anunciada cinco meses antes de las elecciones a la Casa Blanca, se espera que facilite la regularización de unos 500.000 residentes en Estados Unidos que han estado viviendo en el país durante al menos una década, así como a unos 50.000 hijos de estos indocumentados menores de 21 años.
La nueva orden establece que aquellos que cumplan con los requisitos tendrán tres años para solicitar su permiso de residencia permanente, conocido popularmente como Green Card, sin tener que abandonar el país. Anteriormente, se exigía que estos individuos abandonasen el país como condición sine qua non para obtener un perdón y poder regresar. Ahora, también podrán obtener un permiso de trabajo de tres años mientras completan el trámite definitivo, siempre y cuando no representen una amenaza para el país, paguen impuestos y se hayan casado antes del 17 de junio de 2024.
En su discurso desde la Casa Blanca, Biden subrayó la necesidad de «mantener a las familias unidas» y erradicar el «miedo y la incertidumbre» que muchos indocumentados han enfrentado durante años en Estados Unidos. «Podemos arreglarlo y eso es lo que voy a hacer hoy», prometió. Además, criticó a su predecesor, Donald Trump, por haber vilipendiado a los inmigrantes, refiriéndose a ellos como «animales» o un «veneno» para la sociedad.
Esta es la medida más relevante en materia de inmigración desde que Barack Obama creó el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) para proteger a los hijos de indocumentados nacidos en el extranjero. Biden eligió el duodécimo aniversario de ese programa para anunciar sus medidas, que entre otras cosas, pretenden agilizar el trámite de los permisos de trabajo para aquellos dreamers —como se conoce a los beneficiarios del DACA— que hayan terminado la universidad y cuenten con una oferta de empleo.
La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, hizo eco del mensaje del presidente en un comunicado: «Las familias deben estar juntas, así de simple». También criticó la «política de separación familiar» de Trump, calificándola de «imperdonable».
La orden, conocida como Parole in Place (PIP), ha sido bien recibida por algunas organizaciones de inmigrantes. Todd Schulte, presidente de FWD.us, la describió como un «tremendo paso adelante» que cumple con una promesa largamente esperada para cientos de miles de dreamers y familias americanas con miembros indocumentados.
Sin embargo, la orden ejecutiva también ha recibido críticas, particularmente de la bancada republicana. Muchos republicanos consideran que la política presidencial es insuficiente y abogan por recuperar las medidas draconianas impuestas por Trump en la frontera, que resultaron en la separación de miles de familias. En contraste, Biden parece estar siguiendo los pasos de Obama, quien alcanzó una cifra récord de expulsiones durante su presidencia.
El primer debate presidencial entre Biden y Trump se llevará a cabo la semana que viene en Atlanta. Seguramente, la política migratoria será uno de los temas principales. Aunque Trump ha prometido una política más dura a su base de seguidores, nunca logró terminar el muro fronterizo y las deportaciones disminuyeron drásticamente durante su presidencia.
La decisión de Biden también podría traducirse en un importante puñado de votos en las elecciones de noviembre en estados clave como Arizona y Nevada. Además, podría mejorar la imagen del candidato demócrata, que ha sido objeto de críticas en las últimas semanas, especialmente en lo que respecta a su aparente débil estado de salud.
