La propuesta de reforma a la Constitución chilena para permitir las acusaciones constitucionales contra los embajadores ha estado estancada durante 20 meses en la Comisión de Constitución de la Cámara. Esta iniciativa fue presentada en octubre de 2022 por los diputados de la UDI, en respuesta a una serie de incidentes protagonizados por el embajador de Chile en España, Javier Ignacio Velasco, quien es conocido por su afiliación a Convergencia Social y por su amistad con el presidente Gabriel Boric.
Aunque el palacio presidencial ya había llamado a la «prudencia» a Velasco por los episodios registrados en 2022, sus recientes comentarios en un foro empresarial en Madrid han reavivado la polémica sobre su aptitud para ejercer el cargo diplomático. Durante el foro titulado «Gestión de marcas en entornos complejos geopolíticos y económicos», organizado por la consultora MSH Global, Velasco invitó a empresas españolas del sector de la Defensa a invertir y proveer armamento a Chile, dada la eventual limitación de los negocios con Israel debido al conflicto en Gaza.
Los comentarios de Velasco no solo han provocado un debate en Chile, sino que también han afectado la gira del presidente Boric por Europa, cuyo principal evento fue su participación en una cumbre por la paz en Ucrania en Suiza, un tema completamente ajeno a la promoción de negocios militares.
En respuesta a este nuevo incidente, los diputados UDI Cristián Labbé y Cristhian Moreira han anunciado que solicitarán la reactivación de la discusión de la reforma constitucional para permitir la acusación de embajadores. La diputada Catalina del Real, que anteriormente se había mostrado abierta a la moción, también ha expresado su apoyo, al igual que otros miembros del Congreso.
La diputada Camila Flores, miembro de la Comisión de Constitución donde se encuentra esta reforma, ha destacado la importancia de tramitar el proyecto para permitir las acusaciones constitucionales contra los embajadores, considerándolos como funcionarios del Estado que deben responder por sus actos. Flores enfatizó que se trata de la imagen del país en el extranjero y que si no hay personas idóneas en estos cargos, debe existir algún mecanismo para sancionar e incluso destituir a estos funcionarios.
El diputado Stephan Schubert también ha mostrado su disposición a analizar el proyecto de reforma constitucional, pero ha sugerido que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, debería ser el sujeto de una acusación constitucional antes que los embajadores.
No obstante, no todos en la oposición están de acuerdo con la legislación sobre las acusaciones a embajadores. Algunos esperan que el Ejecutivo actúe por iniciativa propia y retire a Velasco del cargo.
El gobierno, por su parte, ha solicitado un informe al embajador Velasco y posteriormente tomará una decisión sobre su futuro. Este informe ya está en manos del ministro de Relaciones Exteriores, y se espera que la cuestión se resuelva esta semana, una vez concluida la gira del presidente.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto, ha declarado que la reforma para permitir las acusaciones a diplomáticos no es una prioridad. Calisto ha expresado su preocupación de que este tipo de iniciativas puedan afectar las atribuciones del presidente en el nombramiento de embajadores, lo cual podría dañar la imagen del país y las funciones del jefe de estado.
El diputado Andrés Longton, miembro de la misma comisión, también se mostró en contra de abrir el «catálogo» de libelos constitucionales para no socavar las facultades del presidente.
Es importante señalar que en la tradición constitucional chilena, las acusaciones contra embajadores no se mencionaban en la Carta de 1833 ni en la de 1925. Sin embargo, el Congreso sí intervenía en su designación hasta 1973.
En la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, presidida por el exministro Enrique Ortúzar y que redactó el texto de 1980 durante la dictadura, se debatió este tema. El exsenador Juan de Dios Carmona propuso que todas las autoridades que requerían el acuerdo del Congreso, incluyendo a los embajadores, pudieran ser acusados. Sin embargo, la propuesta no prosperó y los embajadores quedaron exentos de posibles libelos y liberados de la opinión del Senado en su nominación.
En otros países, las acusaciones o impeachments pueden dirigirse contra varios funcionarios públicos. De hecho, la Constitución de Estados Unidos establece que «el Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles (all civil officers) de los Estados Unidos» están sujetos a un juicio ante el Congreso.
En 2022, Velasco ya había protagonizado al menos tres polémicas. Una de ellas fue por haber afirmado que las políticas de los gobiernos democráticos «profundizaron la desigualdad» en los últimos 30 años. Este comentario generó malestar en el PS y PPD, y provocó una respuesta del expresidente Ricardo Lagos, ya que los datos muestran que la desigualdad ha disminuido en comparación con la dictadura.
Los otros dos incidentes de 2022 involucraron fotografías publicadas en las redes sociales en las que se veía a Velasco disfrutando de un banquete con langostas y otra en la que aparecía en un automóvil, supuestamente diplomático, con las piernas de su pareja apoyadas en su regazo. Estas dos situaciones motivaron al palacio presidencial a llamar a Velasco «al orden y a la prudencia».
El último escándalo se originó en junio de este año, después de que el Diario El País informara que, durante una charla organizada por MSH Global, Velasco abordó la decisión del gobierno de excluir a Israel de la Fidae y sugirió que las diferencias entre ambos países eran una oportunidad para negociar con nuevos proveedores de armas.
