El escándalo de corrupción que sacude a Ecuador ha vuelto a poner en el centro de la atención pública la práctica conocida como «diezmo». Esta práctica, que consiste en que los empleados que contratan tienen que pagar parte de su sueldo a funcionarios o empleadores para que los admitan en sus puestos, ha vuelto a ser noticia con la imputación de la exvicepresidenta Verónica Abad por concusión, un delito que se refiere a cuando un funcionario actúa en beneficio propio.
No es la primera vez que un funcionario de alto nivel en Ecuador es acusado de este delito. De hecho, en 2020, la misma controversia afectó a María Alejandra Vicuña, quien ocupó la vicepresidencia del Gobierno de Lenin Moreno (2017-2021) tras la destitución de Jorge Glas. Pero esta práctica corrupta no se limita solo a la política. También es el precio que se paga para conseguir un puesto en un hospital como médico, como policía o como fiscal. Incluso las pandillas cobran el «diezmo» a los negocios en los barrios que controlan.
Vicuña, que tenía una amplia trayectoria en la política, fue acusada por su antiguo asistente administrativo, Álex Sagbay, de pedirle transferencias mensuales a su cuenta personal para financiar el movimiento político al que pertenecía. Cuando Sagbay fue promovido al cargo de asesor con un salario de 3.300 dólares, el «diezmo» también aumentó, llegando a representar un 42% de su sueldo. Sagbay afirmó que llegó a entregar cerca de 20.000 dólares durante los tres años que trabajó para Vicuña.
Tras hacerse pública la denuncia, Vicuña fue despojada de todas sus funciones por el presidente Lenin Moreno. Posteriormente renunció para defenderse y fue imputada por los jueces. Fue condenada a un año de prisión y al pago de una indemnización.
Pero el caso de Vicuña no es el único. La legisladora Karina Arteaga fue condenada a seis años de prisión y al pago de una multa por exigir pagos en efectivo a cuatro trabajadores para cubrir gastos personales. Y en 2017, Norma Vallejo se convirtió en la primera funcionaria de la Asamblea en ser condenada por exigir aportes para cancelar deudas personales y gastos de su despacho.
Lo preocupante es que, a pesar del número de denuncias por concusión, solo el 7% ha recibido una resolución. La gran mayoría de los casos fueron sobreseídos, abandonados o extinguidos, según el Consejo de la Judicatura. Esto ha llevado a que el «diezmo» se haya convertido en una práctica común en la función pública, afectando desde los altos poderes hasta los mandos medios de los hospitales públicos.
Un caso destacable es el de un médico que tuvo que pagar 1.000 dólares para conseguir un puesto en un hospital de seguridad social. Y no solo afecta a los trabajadores del sector público. Incluso las bandas criminales cobran un «diezmo» a los negocios, a los transportistas, a las escuelas, a los maestros y a quienes viven en determinados barrios.
La corrupción parece haberse arraigado en la sociedad ecuatoriana, y no solo afecta a la política. Las investigaciones más recientes de la Fiscalía muestran que la cadena de corrupción llega incluso al sistema judicial.
Por ahora, la vicepresidenta Verónica Abad no responderá ante la Justicia por el presunto delito de concusión, tras la decisión de la mayoría de la Asamblea de no autorizar su enjuiciamiento penal. Sin embargo, la Fiscalía ha adelantado que cuando ya no goce de inmunidad, será llevada a los tribunales. En el caso de su hijo, Sebastián Barreiro Abad, el único vinculado hasta ahora en el caso, no es un funcionario público, por lo que el caso deberá cambiar nuevamente de delito.
La situación en Ecuador muestra que la corrupción es un problema arraigado, que trasciende los límites de la política y afecta a toda la sociedad. El «diezmo», una práctica que parece ser la norma, es un claro ejemplo de cómo la corrupción puede penetrar en todas las esferas de la vida pública y privada.
