La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado una serie de medidas concretas en un nuevo plan para abordar la violencia criminal que ha azotado al país durante varios años. Este ambicioso «Plan de solución contra el crimen» busca tomar medidas inmediatas, con un enfoque particular en los crímenes perpetrados por maras, pandillas y bandas del crimen organizado.
El anuncio fue hecho por Castro en una cadena nacional de radio y televisión, tras una reunión con el Consejo de Seguridad, un órgano compuesto por los tres poderes del Estado, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
La presidenta ordenó a las fuerzas de seguridad que planificaran y ejecutaran intervenciones urgentes en todos los municipios del país con mayor incidencia de crímenes organizados, incluyendo asesinatos por encargo, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos.
En respuesta a la emergencia de seguridad, Castro también ordenó la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), con capacidad para 20,000 reclusos, en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Los reclusos actualmente confinados en el sistema penitenciario nacional por los crímenes enumerados en la resolución serán «trasladados de inmediato» a este centro.
El Consejo de Seguridad dio instrucciones para la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables. También se centrará en el control y la recuperación de los espacios físicos ocupados por estructuras criminales en barrios con alta incidencia criminal.
La investigación y los operativos se intensificarán para la ubicación, erradicación, aseguramiento y destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.
En un plazo de dos semanas, se iniciará la licitación, adjudicación y construcción de un centro de reclusión en las Islas del Cisne (Caribe), un proyecto que ha sido objeto de críticas por parte de ambientalistas debido a los posibles daños a esta reserva nacional.
Se espera que el Parlamento hondureño reforme el Código Penal para que quienes pertenezcan a bandas criminales y cometan estos crímenes sean clasificados como terroristas. También se reformará el Código Procesal Penal para aplicar la prisión preventiva a todas las personas en proceso de juzgamiento por estos delitos y para incorporar medidas de juzgamiento colectivo.
Además, se adoptarán medidas para el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y se endurecerán las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del sistema de seguridad y justicia, incluyendo a policías, militares, jueces y fiscales.
Medidas adicionales, como autorizar el uso de brazaletes electrónicos para la custodia de procesados, y la designación del número de jueces y otro personal que soliciten las fuerzas de seguridad, serán responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, a partir del 17 de junio.
La Fiscalía designará también a partir del 17 de junio el número de fiscales y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia criminal.
Estas medidas siguen al estado de excepción parcial que el Gobierno de Castro puso en marcha en diciembre de 2022 para combatir la criminalidad. Este estado de excepción ha sido objeto de críticas por parte de varios sectores que consideran que no ha producido los resultados esperados, mientras que las autoridades de seguridad afirman que ha contribuido a reducir los índices de violencia.
