El ojo del huracán de los derechos humanos y la libertad de prensa en China vuelve a centrarse en dos activistas, Sophia Huang Xueqin y Wang Jianbing, tras su reciente condena por supuesta «subversión del poder del Estado». La noticia ha generado una ola de críticas de diversas organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos y la libertad de prensa.
Huang, notable periodista y activista del movimiento Me Too en China, ha sido sentenciada a cinco años de prisión, mientras que Wang, un activista laboral y también simpatizante del Me Too, ha sido condenado a tres años y medio de cárcel. Ambos han estado detenidos durante casi 1.000 días desde el 19 de septiembre de 2021 y enfrentaron su primer juicio en septiembre de 2023.
Huang Xueqin, de 36 años, es considerada una de las principales figuras del movimiento Me Too en China. Con una década de experiencia en periodismo, realizó una investigación en 2018 sobre el acoso sexual de un profesor universitario, un hecho que sacudió a la sociedad china y la convirtió en un referente de la causa feminista en su país.
En 2019, fue detenida tras participar y escribir sobre las protestas prodemocráticas en Hong Kong. Sin embargo, fue liberada tres meses después. En 2021, fue nuevamente detenida un día antes de su partida para estudiar en el Reino Unido, lo que resultó en la actual condena.
La acusación, fechada en agosto de 2022, sostiene que Huang Xueqin «ha publicado repetidamente artículos y comentarios en plataformas en línea y medios sociales que tergiversan y atacan al Gobierno de China». También se la acusa de tener vínculos con «grupos de redes extranjeras» y de organizar reuniones desde 2020 junto a Wang Jianbing, donde supuestamente incitaron a la insatisfacción con el poder estatal de China.
Wang Jianbing, de 41 años, es un activista laboral que ha trabajado durante mucho tiempo para organizaciones que apoyan a grupos vulnerables. Según la acusación, Wang y Huang habrían utilizado sus reuniones para discutir temas sociales e incitar a la insatisfacción de los participantes con el poder estatal de China.
La sentencia ha sido duramente criticada por varias organizaciones de derechos humanos y de prensa. Sarah Brooks, directora del Programa Regional para China de Amnistía Internacional, denunció que las condenas prolongarán la detención injusta de Huang y Wang y tendrán un nuevo efecto amedrentador sobre los defensores de los derechos humanos en China.
Por otro lado, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha pedido la liberación «inmediata» de Huang y ha denunciado la tortura a la que, según los familiares, ha sido sometida durante su detención. «Huang Xueqin solo servía al interés público al arrojar luz sobre cuestiones sociales», afirmó Cédric Alviani, director de la oficina de RSF en Asia-Pacífico.
China ocupa el puesto 172 de 180 en el índice de libertad de prensa que elabora anualmente RSF. La organización asegura que China es el «mayor encarcelador de periodistas del mundo» y que, desde el ascenso al poder de Xi Jinping en 2012, se ha restaurado una cultura mediática «digna de la época maoísta, en la que acceder libremente a la información se ha convertido en un delito y proporcionar información, en un delito aún mayor».
