El reto del lenguaje jurídico y administrativo
El lenguaje jurídico y administrativo puede ser un galimatías que limita el acceso a recursos y los derechos de los ciudadanos. Un estudio sobre 10 millones de palabras en contextos legales concluyó que estos escritos contienen “proporciones sorprendentemente altas de ciertas características lingüísticas difíciles de procesar”. En la provincia argentina de Corrientes, la diputada María Eugenia Mancini ha presentado un proyecto para “obligar al uso de un lenguaje claro y preciso en todos los actos del sector público”.
Iniciativas en Argentina y España
En España, el Gobierno andaluz ha optado por otra solución: en vez de imponer que las comunicaciones sean comprensibles en su origen, ha destinado 322.765 euros a la contratación de servicios para un sistema que convierta documentos a lenguaje claro. En términos simples, ha encargado el desarrollo de un traductor automático de sus propios textos, similar a lo que ya hacen las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) más comunes.
El problema de las notificaciones administrativas
“Le enviamos esta notificación NCC889902087667**** [se obvian los últimos dígitos que sí figuran en el texto oficial] para practicar el acto administrativo que, por causas no imputables a la Administración, no ha podido realizarse mediante la anterior notificación con NCC98876657890****”. Esta es una notificación administrativa real recogida por Olga Koreneva Antonova, profesora de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), quien sostiene que “el lenguaje administrativo y jurídico destaca por su poca transparencia”.
Propuestas para mejorar la comunicación
La diputada Mancini propone que la ley se aplique a todos los poderes y que una “entidad sea responsable de elaborar guías y manuales”, promoviendo la capacitación del personal público. Mientras tanto, la consejería de Inclusión Social del Gobierno andaluz ha decidido invertir en un sistema informático que traduzca sus textos a español comprensible, con un coste superior a 300.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.
La justificación del Gobierno andaluz
La Junta de Andalucía asume la deficiencia en la comunicación comprensible de resoluciones: “La administración tiende a utilizar un lenguaje complejo”. Según la consejera de Inclusión Social, Loles López, la plena inclusión de las personas con discapacidad comienza por garantizar medidas de accesibilidad universal.
El impacto de la IA en la traducción de textos legales
Pedro Calbó Roca, director general de Personas con Discapacidad y responsable del proyecto, explica que el traductor será para uso de los funcionarios y que el ciudadano podrá recurrir a la versión traducida. “No va dirigido solo a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona que necesite disponer de ese escrito en un lenguaje claro”.
Retos y precauciones con la tecnología
Calbó justifica el recurso a la inteligencia artificial: “El número de funcionarios es enorme y no todo el mundo tiene capacidad de escribir directamente en lenguaje claro”. Olga Koreneva, profesora de traducción, saluda la iniciativa, aunque con matices: “Tiene que ser muy fiable, sobre todo, en notificaciones tan importantes como alguna resolución judicial”.
Limitaciones de los traductores automáticos
Koreneva advierte de que las máquinas fallan incluso en materias de Inclusión Social, ya que un traductor automático “no considera la igualdad de género”. Este tipo de herramientas se puede usar para facilitar el trabajo, pero no pueden sustituir a las personas porque no son fiables al 100%.
La IA ya lo hace
La interpretación de textos administrativos o legales ya la realizan las aplicaciones de inteligencia artificial más populares. La versión gratuita de ChatGPT de OpenAI explica la farragosa comunicación de forma muy precisa. Gemini, de Google, también acierta con una “Traducción y explicación simplificada”.
Calbó insiste en que no son válidas para el propósito de la administración andaluza: “Desde un punto de vista informático, creemos que es más efectivo y eficaz esta solución del traductor propio y específico”.
artículo original de: https://elpais.com/tecnologia/2024-12-05/la-junta-andaluza-destina-322765-euros-a-desarrollar-un-traductor-automatico-de-sus-propios-textos-a-lenguaje-claro.html