Proyecto de la Junta andaluza para traducir textos a lenguaje claro


Tecnología


La Junta de Andalucía ha asignado un presupuesto de 322.765 euros para el
desarrollo de un traductor automático que convertirá sus propios textos en
«lenguaje claro». Este proyecto tiene como objetivo mejorar la comprensión de
la documentación oficial y facilitar el acceso a la información por parte de
los ciudadanos.


EL PAÍS

El reto del lenguaje jurídico y administrativo

El lenguaje jurídico y administrativo puede ser un galimatías que limita el acceso a recursos y los derechos de los ciudadanos. Un estudio sobre 10 millones de palabras en contextos legales concluyó que estos escritos contienen “proporciones sorprendentemente altas de ciertas características lingüísticas difíciles de procesar”. En la provincia argentina de Corrientes, la diputada María Eugenia Mancini ha presentado un proyecto para “obligar al uso de un lenguaje claro y preciso en todos los actos del sector público”.

Iniciativas en Argentina y España

En España, el Gobierno andaluz ha optado por otra solución: en vez de imponer que las comunicaciones sean comprensibles en su origen, ha destinado 322.765 euros a la contratación de servicios para un sistema que convierta documentos a lenguaje claro. En términos simples, ha encargado el desarrollo de un traductor automático de sus propios textos, similar a lo que ya hacen las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) más comunes.

El problema de las notificaciones administrativas

“Le enviamos esta notificación NCC889902087667**** [se obvian los últimos dígitos que sí figuran en el texto oficial] para practicar el acto administrativo que, por causas no imputables a la Administración, no ha podido realizarse mediante la anterior notificación con NCC98876657890****”. Esta es una notificación administrativa real recogida por Olga Koreneva Antonova, profesora de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), quien sostiene que “el lenguaje administrativo y jurídico destaca por su poca transparencia”.

Propuestas para mejorar la comunicación

La diputada Mancini propone que la ley se aplique a todos los poderes y que una “entidad sea responsable de elaborar guías y manuales”, promoviendo la capacitación del personal público. Mientras tanto, la consejería de Inclusión Social del Gobierno andaluz ha decidido invertir en un sistema informático que traduzca sus textos a español comprensible, con un coste superior a 300.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La justificación del Gobierno andaluz

La Junta de Andalucía asume la deficiencia en la comunicación comprensible de resoluciones: “La administración tiende a utilizar un lenguaje complejo”. Según la consejera de Inclusión Social, Loles López, la plena inclusión de las personas con discapacidad comienza por garantizar medidas de accesibilidad universal.


La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, durante una comparecencia en el Parlamento andaluz. decoding=»auto» class=»_re lazyload a_m-h» height=»261″
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La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, durante una comparecencia en el Parlamento andaluz.
JOAQUÍN CORCHERO (EP)

El impacto de la IA en la traducción de textos legales

Pedro Calbó Roca, director general de Personas con Discapacidad y responsable del proyecto, explica que el traductor será para uso de los funcionarios y que el ciudadano podrá recurrir a la versión traducida. “No va dirigido solo a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona que necesite disponer de ese escrito en un lenguaje claro”.

Retos y precauciones con la tecnología

Calbó justifica el recurso a la inteligencia artificial: “El número de funcionarios es enorme y no todo el mundo tiene capacidad de escribir directamente en lenguaje claro”. Olga Koreneva, profesora de traducción, saluda la iniciativa, aunque con matices: “Tiene que ser muy fiable, sobre todo, en notificaciones tan importantes como alguna resolución judicial”.

Limitaciones de los traductores automáticos

Koreneva advierte de que las máquinas fallan incluso en materias de Inclusión Social, ya que un traductor automático “no considera la igualdad de género”. Este tipo de herramientas se puede usar para facilitar el trabajo, pero no pueden sustituir a las personas porque no son fiables al 100%.

La IA ya lo hace

La interpretación de textos administrativos o legales ya la realizan las aplicaciones de inteligencia artificial más populares. La versión gratuita de ChatGPT de OpenAI explica la farragosa comunicación de forma muy precisa. Gemini, de Google, también acierta con una “Traducción y explicación simplificada”.

Calbó insiste en que no son válidas para el propósito de la administración andaluza: “Desde un punto de vista informático, creemos que es más efectivo y eficaz esta solución del traductor propio y específico”.

artículo original de: https://elpais.com/tecnologia/2024-12-05/la-junta-andaluza-destina-322765-euros-a-desarrollar-un-traductor-automatico-de-sus-propios-textos-a-lenguaje-claro.html

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