Exigencias de la Mesa del Sector Público para el periodo 2024-2025

La Mesa del Sector Público (MSP), compuesta por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras 15 organizaciones sindicales, presentó su pliego de negociación para el período 2024-2025, exigiendo al Gobierno mejoras significativas en remuneraciones y condiciones laborales para los funcionarios del Estado. La propuesta enfatiza la necesidad de un reajuste real de sueldos y la implementación de compromisos adquiridos, aseguran, previamente por el Ejecutivo.

Demandas salariales específicas

En concreto, los funcionarios públicos solicitan un aumento del 3% real sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado a 12 meses. Además, piden la implementación de ingresos mínimos para los distintos estamentos del sector público, fijando, por ejemplo, $555.821 para auxiliares y $618.576 para administrativos.

Coherencia con políticas gubernamentales

La MSP destaca que esta demanda es coherente con las políticas salariales implementadas por el gobierno y busca dar el ejemplo desde el «Estado empleador». El documento incluye la solicitud de un bono mensual para los trabajadores con rentas más bajas, mejorando su cobertura y alcance.

Continuidad de beneficios tradicionales

Asimismo, se exige la continuidad de beneficios tradicionales como aguinaldos, bonos de vacaciones y de término de negociación, proponiendo la incorporación de estas asignaciones a una norma permanente para garantizar su reajustabilidad y evitar futuras exclusiones.

Declaraciones de líderes sindicales

«Necesitamos defender los presupuestos y, por sobre todo, nuestra estabilidad laboral y el crecimiento real de los salarios. No podemos seguir postergando las necesidades de los trabajadores públicos», comentó David Acuña, presidente de la CUT.

Mientras que Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público, señaló que «en materias económicas le estamos planteando al Gobierno la necesidad de superar las discusiones respecto de reajustes nominales. Por eso le estamos presentando en este pliego la demanda de un 3% de reajuste real, es decir, por sobre el IPC acumulado durante los últimos 12 meses y, en línea con eso, las demandas de incrementos de los aguinaldos, bonos, que también son parte de la ley de reajuste».

Cumplimiento de compromisos

La MSP, por otra parte, expresó su descontento por el retraso en la implementación de compromisos previos, como la reducción de la jornada laboral para los trabajadores públicos y la defensa de la «estabilidad laboral» de los funcionarios estatales, destacando la necesidad -a su juicio- de reformas estructurales en el empleo público para evitar despidos arbitrarios y mejorar las condiciones de trabajo.

Áreas de mejora en el pliego de negociación

En el marco de las mesas de trabajo, el pliego enfatiza la necesidad de avanzar en áreas como salud mental, equidad de género, teletrabajo y cuidado infantil. La Mesa de Cuidado Infantil, por ejemplo, propone la extensión del derecho a sala cuna para todos los funcionarios públicos, y la Mesa de Equidad de Género busca implementar intervenciones para reducir las brechas salariales detectadas.

Universalización y revisión de beneficios

El documento también aboga por la universalización de los beneficios negociados, extendiéndolos a todos los funcionarios públicos, independientemente del régimen legal bajo el cual trabajen. Además, se pide una revisión de los marcos legales que permiten la contratación por honorarios.

Inicio del proceso de negociación

La presentación del pliego marca el inicio de un proceso de negociación que será clave en el último año del mandato del presidente Gabriel Boric. Las expectativas están puestas en las próximas semanas, cuando se espera que el Gobierno dé a conocer su postura oficial respecto a las demandas planteadas.

La negociación se llevará a cabo en un contexto económico complejo, con desafíos inflacionarios y restricciones presupuestarias, pero, para los representantes sindicales, existe el espacio fiscal necesario para responder a sus peticiones. Este proceso, que culminará con la discusión de la Ley de Reajuste General del Sector Público, será determinante para fijar el tono de las relaciones laborales entre el Gobierno y el sector público de cara al 2025, año electoral y último del actual período presidencial.(Emol)