El reciente y apabullante triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha tomado por sorpresa a muchos, en particular por el inesperado apoyo de los latinos. Este giro en el electorado hispano, que tradicionalmente ha sido un bastión del Partido Demócrata, fue fundamental para alzar con la victoria a quien ha hecho de la lucha contra la inmigración su bandera principal. Durante toda su campaña, el discurso de Trump ha estado plagado de retórica xenófoba, catalogando a los migrantes como criminales que “envenenan la sangre del país”. Incluso ha lanzado declaraciones que, según sus críticos, recuerdan a la ideología nazi, sugiriendo que los migrantes poseen “genes malos”. Aunque Trump se ha distanciado públicamente de estos comentarios, se espera que el Proyecto 2025 —un plan desarrollado por sus seguidores más radicales— sea una guía de su futura política.

Los latinos ciudadanos estadounidenses que han votado por Trump parecen no sentirse aludidos por las amenazas del expresidente. Sin embargo, si Trump cumple sus promesas contra la inmigración, se estima que alrededor de 19 millones de latinos podrían verse afectados. Esto no solo incluye a los migrantes indocumentados, que podrían ser objeto de la mayor deportación de la historia, sino también a sus cónyuges, hijos y otros familiares relacionados.

La mayor deportación de la historia

Una de las promesas más destacadas de Trump durante su campaña ha sido llevar a cabo la mayor deportación de la historia si regresa a la Casa Blanca, afectando a unos 11 millones de personas indocumentadas. Para llevar a cabo esta operación, Trump planea utilizar una ley de tiempos de guerra que permite la expulsión de enemigos que invaden Estados Unidos. Esta norma, promulgada a finales del siglo XVIII, solo se ha aplicado en tres ocasiones: la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las organizaciones latinas de derechos civiles han advertido que esta operación no se limitaría a los migrantes sin documentos.

Trump ha equiparado en repetidas ocasiones a los migrantes sin papeles con delincuentes, acusándolos de robar, matar y violar, y considerándolos enemigos del país. Además, los culpa de reemplazar a trabajadores estadounidenses y causar desempleo, a pesar de que los estudios indican que la deportación masiva podría ser negativa para la economía del país. Los indocumentados suelen ocupar trabajos que los estadounidenses no quieren, como los del campo, y a pesar de no beneficiarse de ello, contribuyen pagando impuestos y ayudando a mantener la seguridad social.

Fin del programa DACA

Durante su presidencia anterior, Trump intentó eliminar el programa DACA en 2017, pero el Tribunal Supremo se lo impidió, aunque reconoció que el presidente tiene la autoridad para anularlo. El programa DACA, aprobado en 2012 durante el mandato de Barack Obama, concede permiso de residencia y trabajo a migrantes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños. Un juez de Texas, a petición de varios estados gobernados por republicanos, paralizó el programa, que ya no acepta nuevos solicitantes. Sin embargo, los 580.000 beneficiarios actuales pueden seguir renovándolo cada dos años. Estos llamados “dreamers” llevan más de dos décadas en el país, han formado familias y consideran a Estados Unidos su hogar.

Fin del programa Manteniendo a las Familias Unidas

Aprobado por Joe Biden en junio de este año, el Programa Manteniendo a las Familias Unidas fue la mayor reforma migratoria de su administración. Este programa concede la residencia a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, pero fue detenido por un juez federal de Texas a petición del fiscal republicano Ken Paxton, respaldado por 15 estados republicanos. Trump se opuso al programa, acusando a Biden de conceder una “amnistía masiva” a los “delincuentes” que ingresaron ilegalmente al país. Cerca de medio millón de personas, más sus hijos, podrían beneficiarse del programa, conocido en inglés como Parole in Place.

Para calificar, los solicitantes deben haber vivido en Estados Unidos un mínimo de 10 años y haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 18 de junio. Además, no deben representar una amenaza nacional ni tener antecedentes penales. En promedio, los beneficiados han vivido más de dos décadas en Estados Unidos.

Adiós al TPS

En una entrevista reciente con NewsNation, Trump expresó su deseo de revocar el estatus de protección temporal (TPS), que protege a unas 330.000 personas de regresar a países donde enfrentarían violencia, hambruna, desastres naturales u otras condiciones potencialmente mortales. El grupo más grande de beneficiarios del TPS proviene de El Salvador (195.000 personas), seguido por Honduras (57.000 personas) y Haití (50.000 personas).

Durante el único debate presidencial con Kamala Harris, Trump promovió el infame bulo de que los haitianos en Springfield, Ohio, se comen a las mascotas, provocando caos y escenas de violencia en la ciudad.

No más ‘parole’ humanitario

Unas 530.000 personas han llegado al país bajo la protección del programa parole humanitario, que permitió la entrada de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Aprobado en 2022, este programa ofrecía asilo a los venezolanos que huían del régimen de Nicolás Maduro, siempre que tuvieran un patrocinador financiero, pasaran una investigación de antecedentes y compraran un boleto de avión para volar a un aeropuerto estadounidense. Trump considera a estos migrantes como “ilegales” y critica que se les conceda permiso de trabajo.

Fin de la ciudadanía por nacimiento

Trump ha prometido eliminar la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes que están ilegalmente en el país. Este plan contradice la interpretación tradicional de una enmienda del siglo XIX de la Constitución. En un vídeo publicado en X, Trump afirmó que esta política es un imán para los migrantes de cárceles e instituciones de enfermos mentales. “Desde el primer día firmaré una orden ejecutiva por la que los hijos de extranjeros ilegales no reciban la ciudadanía automática”, prometió.