Excarcelación de 135 Presos Políticos en Nicaragua: Un Nuevo Amanecer de Libertad y Destierro

Una vez más, los cerrojos de las prisiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se abrieron de madrugada para excarcelar a presos políticos. Esta vez, al alba del 5 de septiembre, 135 personas opositoras al Gobierno sandinista –entre ellos, religiosos evangélicos, laicos católicos, estudiantes y opositores– fueron sacados de sus celdas y conducidos hasta el aeropuerto internacional de Managua. Allí, un avión fletado por el Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris estaba listo para llevarlos a Guatemala, donde no solo encontrarían la libertad, sino el inicio de un destierro.

Similar a lo que sucedió el 9 de febrero de 2023 con 222 excarcelados políticos –en aquel entonces los principales líderes opositores y exprecandidatos presidenciales–, la operación se manejó bajo total sigilo y confidencialidad. La novedad de esta nueva excarcelación es que las 135 personas no fueron trasladadas a Estados Unidos, sino a Guatemala, cuyo Gobierno, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, los recibió en el aeropuerto internacional La Aurora.

Una fuente allegada al Ejecutivo de Arévalo, consultada por EL PAÍS, aseguró que toda la operación “fue una cosa bien planificada por la Embajada de Estados Unidos en Managua”. La Administración de Arévalo ofreció su beneplácito y parte de la logística para recibir a los excarcelados nicaragüenses. Por la tarde, horas después de que el corto vuelo desde Managua aterrizara en Ciudad de Guatemala, los Gobiernos de Biden y Harris y el de Arévalo brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que revelaron pocos detalles de la operación.

Según el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, los presos políticos “recibieron atención médica en el avión y los encontraron bien”. “Los encontramos, en general, muy bien de salud y espíritu. Salieron del avión diciendo ‘Dios bendiga América, Dios bendiga a Guatemala’. Extremadamente agradecidos”, describió el funcionario de la Casa Blanca.

Jacobstein explicó brevemente que la Casa Blanca eligió Guatemala como destino para los 135 presos políticos porque el Gobierno de Arévalo tiene un compromiso con la democracia y mantiene un “continuo liderazgo en la región”. Antes de que el subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental brindara esta conferencia de prensa, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, declaró que el Congreso de Estados Unidos mantenía gestiones para la liberación de 13 miembros de la organización Puerta de la Montaña, una iglesia evangélica con sede Texas, y cuyos pastores e integrantes fueron acusados por el régimen de Ortega y Murillo de lavado de dinero.

Sin embargo, la pareja presidencial no sólo accedió a liberar a estos 13 religiosos, sino que, “en una decisión unilateral”, sumaron a la lista a otros 122 presos políticos. Algo similar a lo que ocurrió con los 222 presos políticos en febrero de 2023: de acuerdo con el mismo Ortega, fue su “copresidenta”, es decir su esposa, la que le comunicó al entonces embajador estadounidense en Managua, Kevin Sullivan, que liberaría a todos los presos políticos.

Ortega y Murillo, en silencio total

El Mecanismo de Presos y Presas Políticas de Nicaragua contabilizaba hasta este 5 de septiembre 151 personas detenidas por motivos políticos y de persecución religiosa. De ellos, 126 son hombres y 25 mujeres. De la cantidad total, 25 eran adultos mayores.

Ni en la excarcelación de 2023 ni en la actual hubo alguna negociación política entre Managua y Washington, ha insistido la Casa Blanca. Hasta la publicación de este artículo, el aparato sandinista mantiene total silencio sobre el destierro. En medio de ese silencio, la pareja presidencial no ha revelado la lista de las personas excarceladas, lo que ha generado zozobra entre los familiares, ya que, según los datos del Mecanismo, en el país quedarían 16 detenidos.

Por ejemplo, se desconoce si el diputado indígena Brooklyn Rivera fue desterrado a Guatemala, o también su número dos en el partido regional Yatama, la legisladora Nancy Henríquez. En el caso de Rivera, estuvo en desaparición forzada por varios meses desde su detención. Un patrón represivo identificado en los arrestos por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ). Tanto sus familiares como organizaciones de derechos humanos pidieron en reiteradas ocasiones “prueba de vida” de varios detenidos. Otros reos de conciencia en condición de “desaparición forzada por ocultamiento de paradero”, como la comunicadora social Fabiola Tercero, fueron identificados en las fotografías distribuidas por la Presidencia de Guatemala.

A pesar del pedido de organismos de derechos humanos de la lista oficial con los nombres de los 135 presos políticos desterrados, Guatemala y Estados Unidos dijeron que “no será revelada por motivos de seguridad”. Otras personas han sido identificadas porque, desde Ciudad de Guatemala, lograron comunicarse con sus familiares y aplacarles la zozobra.

El subsecretario Jacobstein manifestó en la conferencia de prensa que la liberación de los presos políticos no cambia la política de Estados Unidos hacia la dictadura de Ortega y Murillo. “Quiero enfatizar que esto no indica un cambio en nuestra política hacia este régimen represivo […]. Creemos que solo Ortega y Murillo pueden controlar la libertad de estos individuos. Por eso los instamos a que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y presos de conciencia en Nicaragua”.

Incertidumbre sobre la nacionalidad

Ante el silencio del régimen, otra duda que ha surgido es si las 135 personas expulsadas a Guatemala serán despojadas de su nacionalidad nicaragüense, como sucedió con los 222 presos políticos mientras volaban el 9 de febrero de 2023. Jacobstein afirmó que “desconoce” si el aparato orteguista tomará una decisión similar. Pero advirtió de que “sería un error” si lo hace. En cambio, resaltó que Estados Unidos mantiene las puertas abiertas a las negociaciones por la salida de más presos políticos, aduciendo que “son personas que fueron encarceladas solo por hacer valer sus derechos civiles”.

Analistas políticos consultados por EL PAÍS, aunque no lo descartan, restan posibilidades a que la pareja presidencial despoje de su nacionalidad a estas 135 personas. El arrebato de la nacionalidad está aparejado con el delito político de “traición a la patria”. Es una medida que como principal castigo implica la confiscación de todos los bienes de los declarados “culpables”.

Antes de ser sacados de prisión y enviados a Guatemala los 135 presos políticos, el Gobierno sandinista aprobó la semana pasada una reforma al Código Penal que establece que se puede enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros que estén fuera del país e imponer penas que van desde la prisión perpetua hasta la confiscación de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública. Es decir, delitos que, de facto, la pareja presidencial ha usado contra sus críticos desde 2018, cuando estallaron las masivas protestas sociales en su contra.

“No descarto que los despojen de su nacionalidad como a los 222, pero quitar la nacionalidad ha implicado mucho costo político a nivel internacional para el régimen. Y para ser francos, la principal pena de declararte traidor a la patria y decirte que ya no sos nicaragüense es que te confisquen todos sus bienes. Algo que ahora perfectamente pueden hacer con la reforma al Código Penal. Con menos revuelo que decir que volvieron a dejar apátridas a más opositores”, dijo un analista político que pidió anonimato.

Los 135 nicaragüenses han sido acogidos por el Gobierno del presidente Arévalo. Cuentan con un permiso de 90 días para estar legalmente en ese país mientras deciden qué trámites migratorios desean realizar. Jacobstein ha asegurado que su Gobierno está dispuesto a entregar visados para viajar a Estados Unidos y que puedan iniciar el proceso de solicitud de refugio en aquel país.