La Crisis Migratoria en Chile: Desafíos y Obstáculos para la Expulsión de Migrantes Irregulares

La ausencia del consulado venezolano en Chile ha generado un significativo obstáculo en el proceso de expulsión de personas venezolanas en situación irregular. Así lo señaló Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, quien advirtió que este cierre ha complicado enormemente la capacidad del país para manejar la crisis migratoria.

Durante una entrevista con radio Pauta, Thayer reconoció que «hace varios años tenemos una dificultad con el tema de la migración irregular. Esto empezó en el marco de la pandemia, en volúmenes que no conocíamos como país y que hoy día nos tienen frente a una cantidad de personas de migración irregular que no habíamos visto».

Crisis Migratoria

El director de Migraciones explicó que en 2023 se inició un proceso de empadronamiento biométrico al que acudieron 182 mil personas en situación irregular. Thayer subrayó que «las políticas y las medidas que se tomen tienen que apuntar a fortalecer nuestra capacidad para poder regular mejor el flujo migratorio y controlar mejor la frontera para que no se siga reproduciendo este incremento de los últimos años que sin embargo, en los últimos años ha ido a la baja».

Sobre los decretos de expulsión de personas en situación irregular por diversos delitos, Thayer afirmó que «no es suficiente todavía y es necesario hacernos cargo de los métodos de expulsión que están vigentes. Pero de aquí a mañana, de aquí a fin de año, es imposible expulsar a 30.000 personas».

En este contexto, Thayer mencionó que desde el cierre del consulado venezolano «no se ha podido expulsar a nadie y le voy a explicar por qué. Porque el consulado tiene que verificar la identidad de la persona, tiene que decir que esa persona es ciudadana de mi país».

La verificación de identidad es un paso crucial en el proceso de expulsión, y sin la colaboración del consulado, este procedimiento se vuelve inviable. «Y eso no se ha podido realizar. Se están buscando algunas alternativas para poder avanzar en ese proceso, pero esto es, digamos, la ausencia del consulado en Chile venezolano lo hace prácticamente imposible expulsar a personas venezolanas. Entonces, evidentemente que hoy día el foco está puesto en las otras nacionalidades», concluyó Thayer.

El cierre del consulado venezolano en Chile no solo dificulta la expulsión, sino que también pone de relieve la necesidad de cooperación internacional en la gestión de la migración. La situación de los migrantes venezolanos es particularmente complicada debido a la crisis política y económica en su país de origen, lo que ha llevado a un aumento en el número de personas que buscan refugio en países como Chile.

En paralelo, las autoridades chilenas se encuentran ante el desafío de manejar un flujo migratorio que ha crecido exponencialmente en los últimos años. El empadronamiento biométrico, aunque un paso positivo, es solo una parte de una solución más amplia que requiere tanto infraestructura adecuada como políticas integrales.

La falta de documentos de identificación válidos y la posibilidad de suplantación de identidad complican aún más el proceso de expulsión. Sin la confirmación de identidad por parte del consulado de origen, los esfuerzos por deportar a migrantes irregulares se ven gravemente obstaculizados. Esta situación no solo afecta a los migrantes venezolanos, sino también a la capacidad del Estado chileno para gestionar eficazmente sus fronteras y políticas migratorias.

Por otro lado, la seguridad nacional y el control de la frontera son temas de gran preocupación para el gobierno chileno. La dificultad para expulsar a migrantes irregulares implica también un reto en términos de recursos y logística. La gestión de estos recursos es esencial para garantizar que las políticas migratorias sean efectivas y sostenibles a largo plazo.

La crisis migratoria en Chile es un reflejo de un problema más amplio que afecta a varios países de la región. La cooperación entre naciones y el fortalecimiento de las instituciones consulares son elementos clave para abordar esta problemática. La ausencia de un consulado activo y operativo no solo afecta a los migrantes, sino también a la relación diplomática entre los países involucrados.

Además, la gestión de la migración irregular no se limita a la expulsión. La integración de los migrantes en la sociedad chilena es otro aspecto crucial que debe ser considerado. Las políticas públicas deben apuntar no solo a controlar el flujo migratorio, sino también a ofrecer oportunidades de integración y desarrollo para aquellos que buscan una nueva vida en Chile.

En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones tiene un papel fundamental en la implementación de políticas que promuevan la regularización y la integración de los migrantes. La creación de programas de capacitación laboral, acceso a la educación y servicios de salud son componentes esenciales para una integración exitosa.

La crisis migratoria también tiene un impacto significativo en la economía y el mercado laboral chileno. La presencia de un gran número de migrantes irregulares puede generar tensiones en el mercado laboral, afectando tanto a los migrantes como a los trabajadores locales. La implementación de políticas laborales inclusivas y equitativas es esencial para mitigar estos efectos y promover una economía más sostenible.

En resumen, la crisis migratoria en Chile es un problema complejo que requiere una combinación de cooperación internacional, políticas integrales y una gestión efectiva de los recursos. La ausencia del consulado venezolano es solo una pieza del rompecabezas, pero su impacto en la capacidad del país para manejar la migración irregular es significativo. La solución a largo plazo debe incluir tanto medidas de control de fronteras como políticas de integración que promuevan el desarrollo y la cohesión social.