Hermosilla continúa en prisión preventiva

Hermosilla continúa en prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza solicitudes de defensa en Caso Audio: Hermosilla y Villalobos continúan en prisión preventiva

En una decisión que reafirma la rigurosidad del sistema judicial chileno, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó las solicitudes presentadas por las defensas de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, quienes buscaban rebajar las medidas cautelares que los mantienen en prisión preventiva desde el 27 de agosto. La determinación, emanada del Cuarto Juzgado de Garantía, continuará en vigor, manteniendo a Villalobos en la cárcel de San Miguel y a Hermosilla en el anexo Capitán Yáber.

Ambos abogados están implicados en el Caso Audio, un complejo proceso judicial que los acusa de delitos tributarios, lavado de activos y soborno. Las defensas pretendían revocar la decisión judicial que los mantiene privados de libertad. En representación de Luis Hermosilla, su hermano y abogado Juan Pablo Hermosilla argumentó que la relación de hechos presentada por el Ministerio Público durante la formalización carecía de los elementos necesarios para atribuir responsabilidad penal a su defendido.

Durante la audiencia, Juan Pablo Hermosilla sostuvo que “más allá de la relación de los hechos realizada por el Ministerio Público en la formalización, esta defensa sostiene que, del contenido de la investigación no se pueden tener por acreditados, ni siquiera indiciariamente, elementos de hecho fundamentales para atribuir responsabilidad a mi representado, o bien, para poder realizar un análisis típico al respecto”. Sin embargo, estos argumentos no convencieron a la Corte de Apelaciones.

Por otro lado, Alejandra Borda, abogada defensora de Leonarda Villalobos, solicitó que a su clienta se le cambiara la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario total, alegando “discriminación de género” por parte del sistema de justicia. Borda argumentó que la negativa de ingreso de Villalobos al Anexo Penitenciario Capitán Yáber constituía un trato desigual y discriminatorio.

El caso ha capturado la atención de la opinión pública debido a las implicaciones legales y las figuras involucradas. Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos son profesionales del derecho con trayectorias reconocidas, lo que añade un matiz de complejidad y relevancia al proceso. El Ministerio Público ha sostenido que existen pruebas suficientes que justifican las medidas cautelares impuestas, argumentando que la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga ameritan la mantención de la prisión preventiva.

La resolución de la Corte de Apelaciones pone de manifiesto la firmeza con la que el sistema judicial chileno aborda casos de alta connotación social y mediática. En su fallo, la Corte reafirma que las medidas cautelares son proporcionales a los delitos imputados y que existen indicios suficientes para mantener a los imputados bajo esta condición mientras se desarrolla la investigación.

La defensa de Hermosilla, encabezada por su hermano Juan Pablo, ha manifestado su intención de seguir apelando a instancias superiores, insistiendo en la falta de pruebas contundentes y en la necesidad de revisar las medidas impuestas. Por su parte, la defensa de Villalobos también ha señalado que evaluará posibles acciones legales para revertir la decisión judicial, insistiendo en la discriminación de género y en las condiciones de detención de su representada.

El Caso Audio se ha convertido en un emblema de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Chile, destacando la importancia de la transparencia y la justicia en el ámbito público y privado. El seguimiento mediático y social del caso refleja el interés y la preocupación de la ciudadanía por la integridad del sistema judicial y por la correcta aplicación de la ley.

Mientras tanto, Hermosilla y Villalobos permanecerán en prisión preventiva, a la espera de nuevos avances en el proceso judicial. La decisión de la Corte de Apelaciones subraya la importancia de las medidas cautelares como herramienta para asegurar la correcta administración de justicia en casos de alta complejidad y repercusión.

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