El Exilio Forzado de Activistas Venezolanos Tras las Elecciones Presidenciales
A primera hora del domingo 28 de julio, Angélica Ángel, una estudiante de ciencia política de 24 años, votó por primera vez en las elecciones presidenciales de Venezuela, en su natal Mérida, enclavada en la cordillera de Los Andes. Más de un mes después, siente que ese día no ha terminado, dice desde su exilio en Bogotá, la capital de la vecina Colombia, a 830 kilómetros por carretera. Hostigada por su activismo en defensa de los detenidos por el Gobierno de Nicolás Maduro en la represión de las protestas poselectorales, llegó en carro hasta Cúcuta, la principal ciudad colombiana sobre la línea limítrofe, y siguió su trayecto en autobús. “Estoy consciente de que me tengo que quedar un tiempo más por acá”, asume sin amargura. Como ella, muchos otros dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas o testigos electorales han cruzado la frontera en el último mes en busca de cobijo.
Líder universitaria, Ángel fue parte de la organización de los 600k, como la oposición se refería a las 600.000 personas que necesitaba para defender el voto, en especial como testigos y coordinadores de centros. Fue gracias a esa estructura que pudo recolectar, en condiciones muy adversas, más del 80 % de las actas electorales que demuestran la victoria de Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos, por el 30% de Maduro, atrincherado en proclamarse ganador sin mostrar ninguna evidencia de ese resultado. Ese recuento incluye el acta de su propio puesto de votación, donde Maduro obtuvo 248 votos y González Urrutia más de 2.500, relata la joven con entusiasmo, como una prueba irrefutable. “Valió la pena, estamos muy claros en eso”, afirma sin titubear.
“Angélica, disfruta el tiempo que te queda antes del 28, porque después vamos por ti”, recuerda que le dijo un compañero que pertenece a los llamados colectivos, los grupos de choque del chavismo, que ya acumula 25 años en el poder. Fue la primera de muchas amenazas, que se recrudecieron a medida que posteaba en redes sociales sobre las decenas de detenidos en Mérida, que incluían a menores de edad e incluso a una niña de 13 años que ni siquiera votó ni podía hacerlo, como enfatiza indignada. Un carro blanco sin placas llegó a perseguirla y motos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, el Conas, merodeaban su casa. La detención el 8 de agosto del exgobernador Williams Dávila a la salida de una vigilia por los presos políticos la convenció de la urgencia de huir. “En ese momento ya me sentía acorralada”.
A su lado, en la casa donde opera la fundación para migrantes que los orienta en Bogotá, Antonio, otro estudiante de la universidad de Mérida de 19 años, pide cambiar su nombre para poder hablar. “Tengo pensado regresar muy pronto, así que correría riesgo”, se disculpa. “A pesar de todas las trabas que tuvimos, como oposición y sociedad civil logramos organizarnos para todo lo que se logró”, añade al detallar cómo la jornada electoral comenzó con el himno de Venezuela, el Gloria al bravo pueblo, como había pedido la líder opositora María Corina Machado. Fue defensor del voto dentro de la estructura del 600K. Él mismo leyó en un megáfono los resultados de su centro, donde, rememora, Maduro obtuvo 438 votos y Edmundo Gonzáles más de 2.300. Lloró de felicidad, de esperanza, antes de que el Consejo Nacional Electoral proclamara ganador al heredero de Hugo Chávez esa madrugada.
Asistió a las protestas del 30 de julio, pero muy pronto comenzó a llegar la información sobre los arrestos de adolescentes en Mérida, y de dirigentes opositores en todo el país. “Se sabía que iban a venir por nosotros”, explica. Cuando viajaba de Cúcuta a Bogotá, le comenzaron a llegar a su celular las imágenes con su rostro encima de un letrero que decía “Se busca por guarimbero”. Las fuerzas de seguridad también han rondado su casa. Razona que Edmundo González se debe juramentar el 10 de enero como nuevo presidente, y que el régimen va a usar estos cuatro meses que le quedan para amedrentar a la sociedad y que ningún sector se pueda organizar, pues sabe que ese día saldrán a las calles a defender la voluntad popular. “Si todos nos vamos y no regresamos, lo va a lograr”, advierte. Cada quien debe calcular el riesgo, añade. “Yo regreso y no podré salir a la calle, tendré que estar escondido, pero forjado y esperanzado, trabajando para organizar a los jóvenes para las próximas actividades. No va a haber persecución, tortura, celda o militar que pueda callarnos”.
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El chavismo ha endurecido la represión, hasta llegar a la orden de detención de esta semana contra González Urrutia. Ya antes había detenido a colaboradores cercanos de Machado y del propio candidato opositor, con el propósito de desmovilizar a sus simpatizantes. Al menos 24 personas han muerto en el marco de las protestas, y más de 2.000 han sido detenidas, entre ellas dirigentes políticos –incluso funcionarios elegidos por voto popular–, periodistas, defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las prácticas de “terrorismo de Estado” en Venezuela, un término que también usa el informe conjunto que publicaron esta semana diferentes ONG.
Colombia, que comparte 2.200 kilómetros de frontera, es por mucho el principal país de acogida de la diáspora, con cerca de tres millones de ciudadanos del país vecino que han huido de la inflación, la escasez de alimentos y medicinas o la inseguridad en sucesivas oleadas en los últimos años. A ese flujo ahora se suma el de aquellos que escapan de la persecución. Cuando se cumplió un mes de las elecciones, hace una semana, los informes de las agencias de cooperación internacional ya hablaban de más de 140 personas en Colombia identificadas como perseguidos políticos. EL PAÍS ha entrevistado a una docena de ellos, muchos de los cuales quieren permanecer anónimos.
Aunque hay desconfianza frente a la oficialidad colombiana, la mayoría cuenta con algún tipo de red de apoyo, por lo que más que albergue buscan protección internacional, apunta un funcionario involucrado en las políticas de acogida. “Lo que más se repite son las personas encargadas de recolectar las actas”, dice Gaby Arellano, quien fue dirigente estudiantil en Mérida y diputada opositora por el fronterizo estado Táchira antes de refugiarse hace años en Colombia. Hoy está volcada a la fundación Juntos Se Puede, que ha apoyado a más de 170 personas desde las elecciones, provenientes de distintos estados venezolanos y con destino a ciudades colombianas igualmente diversas. “Muchos sufrieron allanamientos y les tocó salir corriendo de la noche a la mañana”, apunta. Otro patrón son periodistas que simplemente cubrieron las protestas del 29 y 30 de julio. Aunque muchos tienen miedo por lo que perciben como una cercanía entre Maduro y el presidente Gustavo Petro, subraya que en los cruces “el Gobierno nacional mantiene las mismas medidas” que tenía en la administración de Iván Duque.
José Barreto, un dirigente del partido Acción Democrática de 64 años, que ha sido concejal, diputado y candidato a alcalde en el estado Lara, también sintió el asedio de las fuerzas policiales antes incluso de la elección. El viernes 26, cinco patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Sebin, llegaron a allanar su casa, pero logró escabullirse, con peripecias como saltar entre los tejados. Regresó, votó, recolectó las actas y se resguardó. Fue parte del equipo de campaña de María Corina Machado, y narra con orgullo que en sus parroquias, donde el chavismo solía tener arraigo, recuperaron más del 90% de las actas –a las que llama “chorizos”–, con una ventaja apabullante para Edmundo González.
El lunes volvieron a allanar su casa, no lo encontraron, y comenzaron a buscarlo en las viviendas de sus familiares. “Ya empezó la ansiedad a hacerse dueña de mí”, concede. Está solicitado por un tribunal de Terrorismo en Caracas. Estuvo “enconchado” en varias casas de la capital, pero llegó a la conclusión de que no era seguro. Logró moverse al Táchira y de allí cruzar a Cúcuta para “preservar” su vida, aunque la capital de Norte de Santander no le ofrecía garantías. Todo el comando de campaña opositor en el estado Lara, compuesto por canosos dirigentes políticos de distintos partidos, ha tenido que huir por distintos caminos para reencontrarse de este lado de la frontera.
El presidente Petro, que persiste en un intento de mediación de la mano del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y ha expresado “profunda preocupación” por la orden de detención contra González, insiste en pedirle a Maduro las famosas actas y evitar la represión. También ha postulado una salida negociada que incluya el levantamiento de las sanciones, una amnistía general, garantías a la acción política, un Gobierno de cohabitación transitorio y “nuevas elecciones libres”, una idea que produjo rechazo desde distintas orillas. “Un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz. Depende sólo de los venezolanos”, valoraba a mediados de agosto. “De nuestra parte las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas”, prometía entonces. “Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos”.
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