A dos años del plebiscito, la demanda por transformar Chile sigue siendo una necesidad inconclusa

Marcos Barraza Gómez. Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Santiago. 4/9/2024. Han pasado dos años desde que el primer proceso constitucional fue sellado con el rechazo de la propuesta a través de un plebiscito. Un año después, otra propuesta, de distinta orientación, también fue rechazada. ¿Podemos explicarnos esto a partir del abandono, por parte del pueblo de Chile, de las demandas que dieron origen a esos procesos? Hay antecedentes importantes que indican lo contrario.

Al revisar el estudio de Desarrollo Humano del PNUD 2024, se observa que persiste en Chile la adhesión a cambios (88%), profundos (75%), pero graduales (57%). Persiste también una opinión: Chile ha vivido cambios, pero éstos no han llegado a quienes más lo requieren en materias cruciales para su bienestar como pensiones, salud, educación, salario o trabajo. ¿Cómo se explica entonces este doble rechazo al cambio constitucional, principal obstáculo legal para las transformaciones? Para entenderlo, es necesario hacer un análisis del ciclo político en su conjunto.

El hecho que gatilló la propuesta de un cambio constitucional fue el Estallido Social. Hoy, la derecha, con ceguera deliberada, pretende categorizar aquella movilización popular como una explosión delincuencial. En realidad, la tónica en esa protesta ciudadana fue su legitimidad que se sustentaba en la masividad y la amplitud de quienes mayoritariamente eran parte de los involucrados. De ninguna forma esto se acerca a la caricatura del octubrismo que, de manera falaz y prepotente, levantan los sectores conservadores. Por el contrario, fue la ciudadanía en su conjunto la que se sentía, y se siente, abandonada por élites indiferentes a sus demandas. En esa profunda sensación de abandono se haya el inicio de este ciclo político que continúa sin cerrarse.

La reacción inicial de todo el espectro político, y de manera defensiva de las élites económicas ante la magnitud de la movilización, fue sumarse a la manifestación por cambios profundos de un modelo que, entonces y ahora, muestra profundas evidencias de agotamiento en su crecimiento e insatisfacción en sus resultados. El modelo, tal cual fue impuesto, no es sostenible, condición que obligaba a conservadores, incluidos empresarios, a abrirse a un proceso de cambios. Esta posición táctica inicial adquirió total funcionalidad para defenderse del desprestigio hacia la ciudadanía, que pronto abandonaron para preservar el orden social y económico vigente.

Todo ese malestar e insatisfacción se canalizó en la propuesta de dotar al país de una nueva Constitución, nuevas reglas del juego, reglas que no podían contener trazas de los principales obstáculos que impiden superar la desigualdad e inequidad: el principio de subsidiariedad y la escasa protección de los derechos sociales. De este modo, la expresión Estado Social y Democrático de Derechos aparecía usualmente en los discursos de todos los sectores políticos.

El primer proceso constitucional fue la respuesta del sistema político a este contexto. Sin embargo, muchos, desde organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, advertimos que la iniciativa requería un mayor acento en la participación popular. El resultado del plebiscito de entrada así lo evidenció al concluir que una amplia mayoría optaba por el cambio constitucional mediante una Convención totalmente elegida por voto popular, hecho que se refrendó con la elección de los convencionales, la mayoría de ellos independientes, provenientes de los movimientos sociales.

¿Cómo se explica entonces el rechazo por una mayoría mucho más amplia?

Fenómenos tan complejos no son atribuibles a una sola variable o condición. En primer lugar, es necesario reconocer que la propuesta, aunque contenía importantes avances en las materias más sentidas por la ciudadanía, también abordaba asuntos que aparecían alejados de esas preocupaciones. Por otra parte, un reducido grupo de la derecha económica y de la ultraderecha política, que terminaron arrastrando incluso a sectores de centro, decidieron aprovechar la desconexión de la ciudadanía con cualquier forma de representación y mediante una campaña mediática agresiva, desprestigiaron tanto al producto de la Convención y a sus integrantes.

Efectivamente, un aspecto que el citado informe del PNUD 2024 reporta y reitera respecto de otros análisis, es la presencia de una subjetividad social marcada por el pesimismo, el escepticismo y la desconfianza. Por ejemplo, se informa que la confianza interpersonal no supera el 15% y la participación en organizaciones sólo llega a un 22%, cifras que alcanzan un mínimo histórico en la serie temporal que abarca desde 1999 hasta hoy.

En la percepción popular, los grandes villanos en esta historia de abandono son las élites empresariales y políticas. Es decir, en una sociedad en que la confianza en los demás es mínima y en la que se desconfía por igual de cualquier grupo que parezca tratar de liderarla, las propuestas de los partidarios del cambio se miran con igual sospecha como la de los conservadores.

Lo anterior permite anticipar una conclusión: el rechazo de la primera propuesta respondió a la incapacidad de los liderazgos para comunicarse con los actores populares y dar curso a sus demandas no solo en lo objetivo, en el texto de la Constitución redactada, sino también en lo subjetivo, en la ligazón emocional cuya deficiencia impide un movimiento efectivo por el cambio.

El segundo rechazo, en cambio, se liga de manera absoluta por el hecho de ofrecer una propuesta inmovilista, que insistía en mantener inalterado un sistema privatista en donde el Estado se haya limitado a contemplar impávido la lucha implacable por la subsistencia que, en el marco de los mercados desregulados, deben librar las grandes mayorías, lucha en la que sólo unos pocos pueden satisfacer realmente sus derechos y en que una élite aún más reducida abusa en forma cotidiana de su posición privilegiada.

Ese ciclo no se cierra con el revanchismo. Por el contrario, esas conductas políticas, económicas y sociales, sólo exacerban las desigualdades. La estrategia destinada a motejar de “octubristas” a quienes ponen de relieve la necesidad de cambios, caricatura absurda, está condenada al fracaso, pues como se ha explicitado, la movilización popular provocó la concientización de este malestar aún latente.

La conclusión general es que ciclo político no está cerrado. A dos años del rechazo de la primera propuesta constitucional, lo relevante sigue siendo impulsar transformaciones sustantivas, que establezcan las bases de un sistema social y político efectivamente democrático y que, abandonando los estrechos límites de la subsidiariedad, incida en lo que las personas sienten justificadamente como obstáculos injustos para la buena vida.

Es urgente un nuevo contrato social que provea de tranquilidad, estabilidad, seguridad, protección; que modifique el sistema en materia de pensiones, salud, educación, salarios, trabajo. El desafío para la izquierda y el progresismo, es concretar la unidad real a partir de propósitos conjuntos y prepararse para acometer grandes transformaciones, en un proceso permanente y sustantivo, que permita recomponer la confianza del pueblo en el sentido de la política para la vida en sociedad. Una demanda necesaria e inconclusa.

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