Este viernes la persecución del Gobierno venezolano contra la oposición alcanza un nuevo estadio. A las diez de la mañana ha sido citado, por tercera y última vez, Edmundo González Urrutia a comparecer ante la Fiscalía, controlada por el chavismo, en calidad de investigado por delitos de conspiración, usurpación de funciones, instigación a la desobediencia, entre otros. La citación anticipa que de no acudir a la comparecencia fijada se girará una orden de aprehensión, bajo la presunción de peligro de fuga y obstaculización de la justicia. El chavismo se ha atrincherado en su faceta más represiva para arrinconar a la oposición, como lo ha hecho en otras ocasiones. El clima político de Venezuela sigue siendo de máxima tensión.

Justamente este viernes González Urrutia cumple un mes en un sitio secreto de resguardo. Su última aparición pública fue el 30 de julio en una manifestación opositora frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas. La líder opositora María Corina Machado también ha asumido una especie de clandestinidad, con apariciones fugaces en las tres concentraciones de protesta que ha organizado en Caracas en el último mes. La dirigente ha alertado sobre la nueva línea roja que podría cruzar el Gobierno en las próximas horas, si se produce un allanamiento o registro de la casa de González Urrutia o su detención.

El candidato de la coalición opositora ha argumentado la falta de independencia del poder judicial y en particular del fiscal general, Tarek William Saab, como razones para no someterse a este proceso. “El fiscal se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”, señaló esta semana en un video difundido en sus redes sociales. “El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando los delitos no cometidos”. González Urrutia no se presentó este lunes 26 de agosto a la primera citación. Tampoco lo hizo el martes 27.

También faltó a las comparecencias en el Supremo de hace unas semanas, cuando se realizó un supuesto peritaje de los documentos de la elección para convalidar el resultado anunciado por el CNE que dio la victoria a Maduro, sin presentar aún, a un mes de los comicios, las cifras de votos desagregadas mesa por mesa, lo que ha cubierto de sospechas su veracidad. La sentencia no resolvió las dudas sobre lo ocurrido tras el escrutinio de los votos la noche del 28 de julio, pero entre sus decisiones declaró el desacato de González Urrutia a la autoridad judicial.

El exembajador -que cumplió 75 años este jueves y por la noche agradeció en X las felicitaciones recibidas “en medio de momentos difíciles”- pasó de ser un total desconocido a convertirse en enemigo del chavismo. Durante toda la campaña recibió ataques del aparato gubernamental, pero nunca se concretó la amenaza de bloquear su candidatura, la segunda opción luego de Corina Yoris, para sustituir a Machado, electa por una abrumadora mayoría en primarias pero inhabilitada inconstitucionalmente por el Supremo. Ahora, en medio de las sospechas de fraude por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, todo el aparato judicial le persigue.

El Ministerio Publico ha calificado como un delito la publicación de las actas de votación que la oposición colgó en una página web Resultados Con Vzla y de antemano las ha calificado de falsas. Las actas son un documento público, que imprimen las máquinas de votación en varias copias que se quedan las autoridades electorales, los militares que custodian el material electoral y los testigos de cada partido. La oposición se preparó para rápidamente recopilar y escanear estos documentos con los que puede asegurar que González Urrutia ganó con 67% de los votos, según el 83,5% de las actas obtenidas por sus testigos. En otras elecciones, como en la que se enfrentó Maduro contra Henrique Capriles en 2013 y ganó por un estrecho margen, el chavismo publicó las que tenía en su poder en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela.

De Maduro para abajo, el chavismo ha pedido cárcel para el rival electoral. Esta semana, el mandatario advirtió de que González Urrutia estaba planeando huir del país. “No da la cara”, dijo en un acto con sus seguidores en Miraflores. La persecución judicial que en otros momentos ha emprendido el chavismo contra otros líderes los ha terminado llevando al exilio, como ocurrió con Juan Guaidó, que desafió a Maduro en 2019 con una “presidencia interina” y propició el rechazo de la comunidad internacional de su reelección de 2018, en la que se impidió en la práctica participar a la oposición. Gran parte de la dirigencia de partidos como Voluntad Popular y Primero Justicia está fuera del país por años de persecución. En las últimas semanas, Maduro ha comparado constantemente a González Urrutia con Guaidó y le ha augurado el mismo destino.

Desde principios de año cuando las fuerzas de seguridad de Maduro fueron contra el equipo más cercano de María Corina Machado, como nueva líder de la oposición. Henry Alviárez y Dignora Hernández, sus principales colaboradores fueron detenidos en marzo y otro grupo tuvo que refugiarse en la embajada de Argentina, ahora bajo la resguardo de Brasil, tras la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con ese país.

El acecho se ha intensificado luego de las elecciones. El miércoles, al terminar la concentración de convocada en Caracas, la policía apresó a Biagio Pilieri, del partido Convergencia, luego de una violenta persecución en carro por Caracas. Esta semana también detuvieron a Perkins Rocha, abogado de Machado. Otras figuras de partidos políticos que han sido arrestadas en las últimas semanas son Freddy Superlano, William Dávila, Roland Carreño y Américo De Grazia, además de activistas de derechos humanos, periodistas y más de mil personas que manifestaron en contra de los resultados electorales.

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