Paula Catalán, militante del Partido Comunista, es desde el 30 de enero del 2024 la seremi de Bienes Nacionales en la Región de Los Lagos. Y ayer su nombre apareció en un listado elaborado por la Contraloría General de la República, sobre abogados defensores en casos vinculados a la Ley 20.000, que sanciona la posesión y tráfico de drogas.

De acuerdo a El Llanquihue, Catalán habría participado en cuatro causas por drogas en 2023 y una en marzo de 2024, casi un mes después de asumir como seremi. Las cinco causas figuran en el Juzgado de Garantía de Osorno, ciudad en la cual reside la abogada.

El problema surgiría en relación a la última causa, debido a que habría comenzado el 7 de marzo de 2024, cuando la profesional ya ejercía el cargo y pese a que la ley prohíbe la participación de funcionarios públicos en este tipo de procesos.

Sin embargo, Catalán habría asegurado al medio Doble Espacio que «yo no tengo causas pendientes» de narcotráfico y que «no hubiese aceptado el cargo» si las hubiera tenido. Asimismo, descartó haber estado involucrada en cinco casos de narcotráfico y solo reconoció su participación en dos causas acontecidas en años anteriores a su aceptación de la responsabilidad pública y a cuyos patrocinios posteriormente renunció.

Entre ellas, se cuenta una causa de 2019, cuando asumió la defensa privada de Francisco Solís, quien fue perseguido por Carabineros y posteriormente fue detenido junto a otro sujeto. Portaban 17 gramos de marihuana y cerca de $300 mil pesos. Además se recuperó un revólver con cinco municiones calibre .38 y 98 gramos de marihuana que arrojaron desde el vehículo en el que intentaron huir.

REACCIONES

Esto provocó gran controversia. El senador PS Fidel Espinoza fue categórico. «Es algo lamentable, algo grave, éticamente impresentable, que nuestro Gobierno, nomine en cargos de tanta importancia para el desarrollo de nuestras regiones a personas que han tenido ligazón, ya sea en el ámbito de la defensa profesional, de personas no solamente narcotraficantes, sino que además portadores de armas. No podemos olvidar que el narcotráfico y el porte ilegal de armas son dos de los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad contemporánea. Ambos fenómenos; el narcotráfico y el porte ilegal de armas, están relacionados y alimentan un ciclo de violencia, de corrupción y de descomposición social».

Agregó que «¿Gobierno de Chile avala una situación de este tipo? Acá se habla de defensas a narcos no solo portadores de drogas, sino también de armas. ¿Guardarán silencio? Carolina Tohá, ¿se puede combatir crimen organizado con este tipo de nominaciones?». Y siguió: «Presidente Gabriel Boric. La delincuencia está en su punto máximo. Crímenes al por mayor. Narcotráfico a niveles elevadísimos. ¿Sabe Ud que en la región que represento una seremi defiende a narcos? ¿Es sostenible aquello? En cualquier gobierno serio esto no resiste un día».

Por su parte, el senador RN Carlos Kuschel señaló que «me parece que esas cosas hay que verificarlas antes de los nombramientos. Esta es una acción de ella y no de su padre como en el caso de Isabel Amor».

El otro senador de la zona, Iván Moreira (UDI), criticó que «me parece que el Gobierno sigue actuando con improvisaciones y falta de seriedad. Este gobierno se jactaba de superioridad moral y hoy esta y sigue en el suelo. Llamamos al Gobierno a poner orden en la administración de la región de Los Lagos. En el tema de las drogas las autoridades no pueden tener manchas ni sombras. Gobierno debe tomar en 24 horas una decisión sobre la seremi Bienes Nacionales. Llama la atención que gobierno ha actuado en otros casos con rapidez y aquí ¿que pasa? ¿A quién se está protegiendo?».

En tanto, el diputado de la UDI Daniel Lilayú comentó que «nuevamente este gobierno se ve envuelto en un escándalo (…) resulta impresentable que el gobierno sea incapaz de chequear los antecedentes de las personas que asumen en cargos tan relevantes a nivel regional».

«Por el bien de la confianza que los habitantes de la región de Los Lagos han depositado en sus autoridades, espero que el gobierno le pida la renuncia a esta personera que representó en cinco ocasiones a personas vinculadas a la posesión y tráfico de drogas, tal como lo indica un informe de Contraloría», agregó.

Otro diputado de la zona, el UDI Fernando Bórquez, apuntó que «la inconsistencia y poca consecuencia de este Gobierno no me deja de sorprender. (…) un abogado tiene la libertad de elegir a quién defender, pero el Gobierno no puede permitir contar con una autoridad que decida defender a los narcotraficantes, esos mismos traficantes que hoy tienen al país y a la región fundidos en la delincuencia».

El RN Mauro González cuestionó que «la vinculación de la política con el narco es extremadamente grave. Por lo tanto, si los antecedentes son efectivos y revelan que seremi de Bienes Nacionales fue abogada en causas de narcos, ella debe dar un paso al costado por el bien del servicio, y más aún en un Ministerio tan importante y tan sensible para nuestra región».

Y desde la DC, Héctor Barría defendió que «hemos visto una seremi que ha hecho el trabajo en terreno, nos hemos encontrado en diversas acciones hemos buscado a su función como abogada, hemos también buscado información al respecto como equipo parlamentario, y no hemos recibido algo que acredite que que haya defendido narcos siendo seremi de de Bienes Nacionales. Y es más, renunció como como abogada patrocinante, prácticamente a personas al asumir como seremi». (Emol)