La vocería del martes en la que el Presidente Gabriel Boric celebró la prisión preventiva contra el penalista Luis Hermosilla llevó el caso Audios a La Moneda y sigue repercutiendo. Y es que si bien el fondo del mensaje del Mandatario fue valorado dentro del Ejecutivo -todos son iguales ante la ley-, lo cierto es que no ocurrió lo mismo con la forma en la que se expresó, ya que abrió un flanco para que el abogado defensor Juan Pablo Hermosilla interpelara al gobierno por “politizar” e “intervenir” en el caso en una alocución de más de 40 minutos.

“Acaban de enviar a la cárcel, en prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, señor Hermosilla (…). Acá no pueden haber ciudadanos de segunda clase y acá la justicia y la ley debe ser igual para todos. Por eso es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, dijo Boric, sin que le pregunten, lo que desembocó en la arremetida de la defensa del penalista que hoy se encuentra en prisión preventiva.

Por lo mismo, dentro del gobierno se acordó bajar el tono y no seguir escalando la polémica con la defensa de Hermosilla y solo apegarse al fondo de las palabras expresadas por el Presidente en Lo Prado. Esto implicó que, por ahora, Boric no se vuelva a referir al tema y que sean los ministros como Carolina Tohá (Interior), Luis Cordero (Justicia) y Camila Vallejo (Segegob) quienes aborden el asunto.

Eso sí, en Palacio recalcan que no retrocederán del fondo de las declaraciones emitidas por el Jefe de Estado. De hecho, los tres secretarios de Estado intentaron posicionar este jueves que esta no es la primera vez que el Mandatario se inmiscuye en medio de un caso judicial, recordando su intervención en el lío de platas entre fundaciones y reparticiones públicas que le asestó un duro golpe al Frente Amplio, su partido.

En esa ocasión, Boric habló de “sinvergüenzas” antes de que los procesados de su sector político cayeran en prisión preventiva. Por lo mismo, en La Moneda aseguran que fue más vehemente que esta semana. Sin embargo, los secretarios de Estado también han tenido que lidiar a los cuestionamientos respecto a que Boric no fue igual de severo cuando se conoció la prisión preventiva para el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

En particular, se le acusó mantener una actitud silente ante la formalización de Jadue. Ante esto, en el gobierno han intentado instalar la idea de que el Mandatario no solo no se inmiscuyó en la procesión del expresidencial comunista, sino que tampoco lo hizo en indagaciones de otros exalcaldes como Cathy Barriga. Dicho planteamiento fue reforzada este jueves por la ministra Vallejo.

“El Presidente se ha referido, en diversas oportunidades, a casos de esta naturaleza cuando hay afectación e interés de la confianza pública en cuestión. (…). No vamos a colaborar, ni vamos a dar ningún pábulo para que se intente politizar esta investigación. Al contrario, lo que debe hacerse es una investigación de la justicia, ecuánime, independiente y sin interferencia”, dijo esta mañana la ministra Tohá, en una actividad en la Autopista del Sol.

“La obligación del Ejecutivo era hacer claridad sobre este punto. (…). No es la primera vez que el Presidente se refiere severamente a un caso”, sostuvo, por su parte, Cordero en radio Duna.

La titular de la Segegob, por su parte, sostuvo que “hoy día cuando se trata de una persona, el caso Hermosilla, que según la propia Fiscalía ha construido una posible red de corrupción de cuello y corbata, qué es lo que piensa la ciudadanía cuando se juzgan estos casos. La gente siente desconfianza de las instituciones. (…) Por eso es tan importante para el Presidente que la justicia esté trabajando con estos estándares. (…). La justicia debe avanzar independientemente de los niveles de poder”.

Y añadió: “Cuando hablamos de caiga quien caiga, nos referimos a todos los casos”.

Al mismo tiempo, dentro de distintos sectores del gobierno evaluaron en malos términos la vocería de 40 minutos que tuvo Juan Pablo Hermosilla, ya que acusan “victimización” de la defensa para perjudicar al Ejecutivo. Por lo mismo, en la administración Boric lo ven más como una jugada judicial y creen que no tendrá un gran impacto ciudadano.

“Es inaceptable que el Presidente de la República, la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales, no se respete el Artículo 6, no se respeten las normas sobre independencia de poderes en la Constitución y se permita hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional. No le reconozco el derecho del ministro de Justicia a hacer esto”, fueron parte de las palabras de Juan Pablo Hermosilla.

El Ejecutivo, en todo caso, tendrá que atender un nuevo flanco vinculado a Luis Hermosilla, ya que Juan Pablo Hermosilla volvió a arremeter este jueves contra el gobierno. En esta ocasión, tras visitar a su hermano en el centro penitenciario Capitán Yáber, anunció que pidió las copias de las conversaciones telefónicas de la investigación del caso Audio y que, una vez que las obtenga, las hará públicas.

DIAGNÓSTICO OFICIALISTA

¿Prudente o imprudente? Sobre esa línea se debate el oficialismo a la hora de evaluar la intervención del Presidente respecto al caso y su celebración a la prisión preventiva. El fondo lo comparten y reivindican que se trató de una crítica política y un gesto al sentir de la ciudadanía, por lo que descartan intervención.

Eso sí, fuentes en la alianza de gobierno afirman que había incomodidad entre algunos dirigentes de partidos por los dichos del Mandatario y lo que se generó después con las intervenciones de las ministras del Interior y Segegob, Carolina Tohá y Camila Vallejo, respectivamente; y el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Un líder oficialista afirma -en privado- que los dichos del Presidente Boric fueron imprudentes, pero descarta que haya sido un error.

El presidente y senador del PPD, Jaime Quintana, dijo que “para resguardar bien la separación de poderes, es mejor que las autoridades del Poder Ejecutivo se omitan de opinar sobre resoluciones del Poder Judicial, más aún cuando son procesos en curso”.

En la misma línea, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que «como este es un caso de muchas aristas, con muchas repercusiones en distintos ámbitos y poderes, creo que es recomendable guardar una estricta prescindencia en todo lo que sea factible».

«Tiene que haber un grado de simetría para que no se interprete o parezca como que hay grados de participación política en una alusión más cargada que otra», complementó el legislador.

En contrapartida, el secretario general del PS, Camilo Escalona, señaló que «ahora, incluso con ocasión del reciente escándalo especulativo que ha terminado con la prisión preventiva del abogado Hermosilla, de inmediato han salido los representantes del empresariado a manifestar que, a pesar de lo que el país ha visto, a pesar de las especulaciones, a pesar de las estafas, no se necesitan más regulaciones».

«Frente a ese tipo de país, el de los más fuertes, el de los tiburones, de los grandes controladores de las fortunas, hay fuerzas que aspiran a un Chile más justo, a un Chile mejor», afirmó durante el lanzamiento de la campaña electoral del oficialismo.

El diputado Marcos Ilabaca (PS), por su parte, sostuvo que “no creo que (el Presidente) haya sido descriteriado, yo creo que fue poco oportuno toda vez que existe hoy día un proceso judicial que se encuentra en marcha. Lo que creo que el Presidente trató de demostrar es la felicidad que puede sentir hoy día cualquier chileno cuando vemos por fin que un poderoso termina preso. Con una medida cautelar”.

Ilabaca también recordó el nexo de Luis Hermosilla con Miguel Crispi, aunque sin nombrarlo. “El gobierno en eso debería ser mucho más cauto, porque además recordemos que el principal asesor del segundo piso también tenía de abogado al señor Hermosilla”, advirtió el parlamentario.

Mientras que el diputado Raúl Soto (PPD) indicó: “Yo le pido al gobierno que no pise el palito, que no caiga en esa trampa. El gobierno y el Presidente no ha intervenido, hasta donde sabemos, procesalmente en este juicio. Tampoco ha buscado interferir o incidir en las decisiones que los jueces están tomando o el Ministerio Público. Lo que hizo fue emitir una opinión en el contexto de un Estado de Derecho Democrático, donde existe libertad de expresión y opinión”.

El diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señaló a La Tercera que “las declaraciones del Presidente me parecieron absolutamente razonables. No veo ningún motivo de escándalo frente a lo que él dijo. (…). De ninguna manera implican una interferencia en un proceso judicial, sino que manifiesta única y exclusivamente la importancia de que haya igualdad de trato para todos en nuestro país de parte del Poder Judicial”.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, si bien advirtió que “no soy intérprete ni tampoco pretendo hacer exégesis de los dichos del Presidente de la República, pero no acostumbro a opinar de procesos judiciales en curso”, añadió que ello “no inhibe a tener una visión crítica de todos los hechos investigados en el caso Audios, independiente si finalmente son o no constitutivos de delito, porque moralmente a lo menos son reprochables”.

Este miércoles, la presidenta de los regionalistas verdes, Flavia Torrealba, señaló en La Tercera que la declaración de Boric había sido “oportuna”, pero que “es un riesgo grande el que tomó el Presidente. (…). Sin embargo, también tiene la obligación de dar garantía de que bajo su gobierno, no va a haber manejos oscuros para que los procesos judiciales no lleguen al lugar donde tienen que llegar, caiga que caiga”.

Ante el “manto de duda” que -dicen- dejó Juan Pablo Hermosilla respecto de la liberación completa de las conversaciones telefónicas del celular de su hermano, en el oficialismo coinciden en que el Ministerio Público debe hacerse parte e investigar “caiga quien caiga”. (La Tercera)