El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha estado participando en una gira en la región de La Araucanía, durante la cual el Gobierno ha anunciado una serie de medidas que se enmarcan en el Plan Buen Vivir. Este Plan, lanzado por el gobierno en 2022, se estableció como una respuesta a la «deuda del Estado con el pueblo mapuche». Incluye compromisos para restituir tierras, reactivar el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, establecer parlamentos territoriales y estimular inversiones.
El encargado nacional del Plan Buen Vivir, Francisco Arellano, ex miembro del partido Comunes, resaltó que esta política ha permitido un aumento significativo en la inversión en obras públicas en la región de La Araucanía. Según Arellano, los recursos disponibles para inversión en obras públicas en esta región aumentaron de 180.000 millones en 2022 a 235.000 millones en 2024, lo que representa un incremento del 40%.
Arellano también destacó que el Plan Buen Vivir ha permitido identificar y atender demandas que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. En particular, señaló que en las regiones de Bío Bío y Araucanía había una demanda muy sentida de aumentar la pavimentación de caminos rurales. Esta demanda se ha hecho realidad a través del Plan Buen Vivir, que ha permitido pasar de cerca de 800 kilómetros de caminos pavimentados bajo el gobierno anterior a una meta de 1.600 kilómetros durante la administración actual.
Sin embargo, el Plan Buen Vivir ha sido objeto de críticas y observaciones por parte de los parlamentarios de la zona, tanto del oficialismo como de la oposición. Algunos legisladores han reclamado que el presupuesto se concentra únicamente en el Ministerio de Obras Públicas y que la ejecución de estos fondos ha estado al debe.
El senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintan, afirmó que el Plan Buen Vivir, como tal, no tiene una expresión administrativa muy concreta. Quintan señaló que son los ministerios los que responden a la Contraloría y los que ejecutan lo que se establece en la ley de presupuestos.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, destacó que el Plan Buen Vivir es un plan enfocado en el desarrollo de infraestructura prioritaria para la región. Sin embargo, Ñanco mencionó que uno de los desafíos actuales es poder ampliar la glosa del Plan Buen Vivir para que no solo sea utilizada en materia de infraestructura, sino también para otros temas importantes como vivienda, educación y turismo.
El diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, criticó duramente al Plan Buen Vivir, acusándolo de ser solamente la imaginación del Presidente y sus asesores. Jouannet sostuvo que el Plan Buen Vivir no ha funcionado, no existe y no está internalizado en la población. Además, criticó el estado de las obras públicas en La Araucanía y denunció que la región ha empeorado en términos económicos y de desempleo bajo la actual administración. Jouannet concluyó que el Plan Buen Vivir es un fraude, ya que prometía mejorar la calidad de vida, pero la realidad es que las condiciones han empeorado en comparación con el pasado.
A pesar de las críticas, el Gobierno mantiene su compromiso con el Plan Buen Vivir y continúa implementando medidas para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan. Estos incluyen la restitución de tierras, la reactivación de la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas, el establecimiento de parlamentos territoriales y el fomento de inversiones en la región.
