En la cuenta pública de 2022, el Presidente Gabriel Boric prometió entregar una vasta extensión de tierra a la comunidad aymara Chusmiza-Umagama, situada en la región de Tarapacá. Esta comunidad indígena ha luchado durante casi tres décadas por la restitución de sus tierras, desde que la empresa embotelladora Sociedad Agua Mineral Chusmiza se estableció en su territorio en 1996.
A lo largo de los años, la comunidad aymara ha intentado obtener la restitución de sus tierras a través de distintos canales. En 2009, la Corte Suprema falló a favor de la comunidad indígena y en 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se mostró a favor de un acuerdo amistoso. Sin embargo, por diversas razones, ninguna de estas soluciones se materializó hasta ahora.
Tras más de dos años de trámites, el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) está listo para firmar la entrega de 14.294,6 hectáreas de terreno fiscal situado junto al asentamiento de las comunidades indígenas, en la comuna de Huara en la región de Tarapacá. Aquí viven 60 familias que se dedican principalmente al pastoreo, agricultura y turismo cultural, destacando y protegiendo las ceremonias tradicionales ligadas al agua.
Las negociaciones para la restitución de las tierras comenzaron cuando Javiera Toro, actual ministra de Desarrollo Social y Familia, estaba a cargo de la cartera y se retomaron cuando Marcela Sandoval asumió el ministerio en agosto de 2023. El principal desafío fue la desafectación de partes del terreno, ya que no estaba totalmente preparado para ser transferido. “Esta fue una de las prioridades que asumimos como cartera”, apuntó la ministra Sandoval.
No obstante, también hubo cuestiones administrativas que resolver. “Hubo demora en trámites como la toma de razón por parte de Contraloría, la comunicación interministerial y con la propia comunidad, puesto que aquí hay varias demandas que se cruzan, como los derechos de agua y restitución de tierras”, explicó la secretaria de Estado.
La ministra de Bienes Nacionales comentó que la comunidad sentía que existía una deuda pendiente y una garantía para otros compromisos de solución amistosa, como la restitución de terrenos fiscales.
Soledad Carvajal, exsecretaria de la comunidad Alto Tarapacá, expresó: “Después de años de esfuerzo tenemos el honor de celebrar el reconocimiento oficial de nuestro territorio ancestral y representa una de las medidas más importantes de reparación del Estado hacia nosotros”.
Además, la Delegación Presidencial Regional y Provincial del Tamarugal estuvo presente en las conversaciones y negociaciones. Sin embargo, Carvajal explicó que la restitución no se agota con la entrega de los terrenos. La comunidad proyecta implementar un plan de trabajo para fomentar el desarrollo agrícola, ganadero y turístico, y así impulsar el crecimiento de la comunidad.
Los detalles sobre los plazos y la forma en que se llevará a cabo el plan aún no están definidos. “Tenemos esbozada nuestra idea principal, ya proyectamos lo que queremos hacer en la zona, pues hemos estado conversando con constructoras, pero quiénes serán los encargados de ejecutarlo es lo que hay que planificar ahora”, afirmó Carvajal.
En conclusión, la ministra señaló que la entrega de las hectáreas será un activo para la comunidad, ya que “no solo permitirá un motor de desarrollo económico, sino también de resguardo de sus tradiciones”.
