El gobierno de Chile obtuvo una victoria administrativa la semana pasada durante un periodo intermedio, marcado por una disminución de la actividad política debido al largo fin de semana. Este triunfo se produjo cuando la contralora general de la República (s), Dorothy Pérez, falló a favor del Ejecutivo en una denuncia presentada por diputados opositores en contra de un controvertido spot publicitario. El spot, emitido en la televisión abierta, tenía como objetivo promover la reforma previsional.
El spot en cuestión formaba parte de la campaña llamada “Mejores pensiones para Chile” y mostraba a actores profesionales representando una escena familiar en la que se debatía sobre un «seguro social». Este seguro es uno de los aspectos clave de la reforma previsional que aún se encuentra en tramitación y que está siendo impulsada por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC).
Solo la producción del spot, su material gráfico y su kit digital para redes sociales costó $46.698.000, mientras que su difusión en televisión abierta, en horario prime (21 horas), costó otros cien millones de pesos más, según información revelada por la Subsecretaría de Previsión Social.
En el pasado, la Contraloría validó que los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera utilizaran videos para promover proyectos en tramitación. Sin embargo, su difusión siempre se limitaba a las redes sociales y sitios web institucionales, mientras que el contenido, que generalmente consistía en extractos de discursos y gráficas sencillas, quedaba a cargo de los propios equipos de gobierno. Las campañas televisivas, por lo general, aparecían una vez que la ley estaba en vigencia.
En este caso, la actual ofensiva publicitaria fue un poco más allá, ya que se trataba de iniciativas que aún no habían concluido su discusión legislativa. El spot recurrió a una producción profesional con actores, libretistas y agencias de publicidad, y su difusión se realizó en la televisión abierta.
Estos nuevos antecedentes no fueron objetados por la Contraloría. “El Ejecutivo impulsó una propuesta legislativa que, entre otros propósitos, pretende la creación de un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social, así como el aumento de la pensión garantizada universal, la que se encuentra actualmente sujeta a la aprobación del Congreso Nacional, tal como se indica expresamente en el texto del spot. Por lo mismo, no se aprecia la existencia de elementos que permitan suponer que las actividades de publicidad y difusión y los eventuales gastos incurridos en ellas contravengan el principio de probidad administrativa o lo previsto en el citado artículo 3° de la Ley N° 19.896″, dice la contralora (s) Pérez en referencia a las normas sobre administración financiera del Estado que permiten difundir reformas, siempre y cuando se hagan por «medios idóneos» y se precise que es una iniciativa que depende de una «aprobación legislativa».
La contralora (s) también destacó que el contenido del video no se aleja de la idea central de informar a la ciudadanía sobre una iniciativa gubernamental que se pretende promover, en este caso, la reforma al sistema de pensiones. Según el dictamen firmado la semana pasada, el MINTRA actuó de acuerdo con la jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia en la situación analizada, por lo que no hay reproche que formular al respecto.
A pesar de esto, la contralora Pérez hizo hincapié en que, al momento de contratar y autorizar la realización de una campaña publicitaria, las entidades públicas deben adoptar las medidas pertinentes para que tanto los medios materiales como el lenguaje que se emplea para la transmisión del mensaje permitan a la ciudadanía adquirir un conocimiento completo de la iniciativa legislativa que la autoridad busca destacar. Esta es una forma de satisfacer de mejor manera el requisito de idoneidad previsto en el citado artículo 3° de la Ley N° 19.896.
Las conclusiones del dictamen han generado preocupación en la derecha, ya que a diferencia de otros dictámenes, no se establecen restricciones a la acción gubernamental. En resoluciones anteriores, otros contralores interpretaron que el concepto «medios idóneos» para difundir estos videos debía ampararse en un marco de austeridad fiscal, lo que se cumplía en el caso de una campaña ejecutada por redes sociales y que no requería gastos externos.
Por ejemplo, el excontralor Jorge Bermúdez, en su dictamen del 28 de noviembre de 2019, respecto a un video de Piñera sobre su reforma previsional, señalaba que los ministerios deben “restringir los gastos en publicidad y difusión a aquellos que sean necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de la función pública, la que, por regla general, puede llevarse a cabo sin necesidad de incurrir en ellos (gastos en publicidad)”.
Otros dictámenes enfatizaban la prudencia de los contenidos. «Lo anterior no obsta a que la Contraloría pueda considerar recomendar al ministerio usar recursos lingüísticos moderados, en atención a que, con otras palabras, igualmente, la información puede ser entregada y comprendida en un lenguaje cotidiano», decía, por ejemplo, la resolución del excontralor Ramiro Mendoza, de abril de 2015, en la que se reprochaba al segundo gobierno de Michelle Bachelet algunos conceptos empleados en el video denominado “Mitos y realidades: La Reforma Tributaria no la paga la clase media”, en el que se criticaba a “los poderosos de siempre”, que se oponían a pagar más impuestos para planes sociales.
No obstante, a juicio de los diputados opositores, no hay limitaciones similares en la reciente resolución. “El dictamen de la Contraloría establece un precedente grave y abre la puerta a un ejercicio abusivo de los recursos públicos para propaganda gubernamental. En el fondo, la Contraloría está dando el visto bueno a que desde el gobierno se intente condicionar el debate legislativo con spots profesionales en horario prime y por televisión abierta. Vamos a mandar una nota a la Contraloría contradiciendo lo resuelto y exponiendo nuestros argumentos, porque creemos que no se condice con la adecuada protección de los recursos públicos ni con principios que informan la acción de la Administración. Por eso insistiremos, y de cualquier forma vamos a ingresar un proyecto de ley que deje el tema claro, sin perjuicio de abordar también el tema en el presupuesto del 2025″, expresó el diputado Frank Sauerbaum (RN), miembro de la Comisión de Trabajo.
El jefe de los diputados de Evópoli, Jorge Guzmán, agregó que «hicimos una presentación inspirada en nuestro rol fiscalizador por el correcto uso de los recursos públicos». «La resolución de la Contraloría, que valida la acción del gobierno, sin embargo, a nuestro juicio, no es vinculante para futuras acciones. Eso no nos inhibe. Vamos a seguir fiscalizando para que no se financien campañas con un objetivo político», aseguró.
Para la oposición, el precedente que establece la Contraloría puede ser complicado para discusiones en temas como la reforma tributaria, el levantamiento del secreto bancario, la agenda de seguridad o la eventual condonación de la deuda educativa (el fin al CAE, el Crédito con Aval del Estado), que el gobierno se comprometió a enviar este año.
Sin embargo, desde la Contraloría aseguran que el reciente dictamen no innova respecto de resoluciones anteriores, ya que el margen que tiene el gobierno para hacer propaganda a sus proyectos está avalado por la ley y el mismo Presupuesto de la Nación.
