Una reciente controversia ha surgido de la decisión del Ministerio de Justicia de Chile de otorgar CLP $717 millones a la empresa de software Unholster, de los cuales cerca de CLP $620 millones se otorgaron mediante trato directo, para el desarrollo de una plataforma informática destinada a facilitar las labores del Plan Nacional de Búsqueda.
En un informe revelado por Ciper, se destapó que la tarea por la que se contrató a Unholster ya estaba siendo llevada a cabo por expertos del Instituto Milenio de Fundamentos de Datos (IMFD), usando como base el software Angelus, proporcionado de manera gratuita por expertos mexicanos. Esta revelación ha provocado una ola de reacciones entre los parlamentarios, como la diputada Carmen Hertz, quienes han expresado su descontento con la polémica generada por el ministro Luis Cordero.
Sandro Gaete, ex jefe de análisis del Programa de Derechos Humanos y ex funcionario del Plan Nacional de Búsqueda, fue uno de los primeros en criticar la situación. Gaete renunció a su cargo tras enterarse de la contratación de los servicios de Unholster. En una entrevista con La Tercera, cuestionó el desembolso millonario, reiterando que el trabajo por el que se contrató a Unholster ya estaba siendo realizado de manera gratuita por el IMFD.
Gaete criticó duramente el proceso llevado a cabo por el Ministerio de Justicia, y en particular el ministro Luis Cordero, acusándolos de adjudicar de manera directa los recursos millonarios a Unholster. Según Gaete, “Se están pagando más de $ 700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis. Se le está ocultando información a los familiares, se está faltando a la verdad respecto a la capacidad técnica del Instituto Milenio, evitaron la toma de razón de la Contraloría y el trabajo de establecer las trayectorias ya está hecho y no lo elaboró Unholster”.
El informe de Ciper, que reveló la adjudicación directa de una tarea que ya estaba siendo realizada por el IMFD, generó una gran polémica. Varios parlamentarios, como Carmen Hertz, expresaron su descontento con la situación. Hertz describió la situación como «lamentable y dolorosa», especialmente en relación con el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Este programa no solo busca encontrar posibles lugares de entierros clandestinos, sino también establecer el método de exterminio implementado durante la dictadura.
Hertz enfatizó en sus redes sociales que “no se hacen tratos directos con empresas privadas a espalda de los familiares para recabar antecedentes que ya existen, desde el trabajo de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad hasta analistas del Programa de Derechos Humanos”.
Esta decisión del Ministerio de Justicia ha generado un amplio debate y críticas, en particular respecto a la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. Resulta preocupante que se esté pagando una suma tan alta por un trabajo que, según los informes, ya estaba siendo realizado de manera gratuita por expertos del Instituto Milenio. La adjudicación directa de los recursos a Unholster, sin pasar por un proceso de licitación abierto y transparente, también ha sido objeto de críticas.
Además, la falta de comunicación con los familiares de las víctimas, que supuestamente no estaban al tanto del cambio en la contratación del servicio, ha sido un aspecto particularmente controvertido de este caso. Esta situación ha generado dudas sobre la transparencia y la ética del Ministerio de Justicia en la gestión del Plan Nacional de Búsqueda.
En suma, se trata de una situación compleja que ha generado una gran polémica y ha puesto en entredicho la gestión del Ministerio de Justicia en lo que respecta al Plan Nacional de Búsqueda. La necesidad de transparencia, eficiencia en el uso de los recursos y respeto a los derechos y la participación de las víctimas y sus familias son aspectos cruciales que deben ser tenidos en cuenta en la gestión de este tipo de programas.
