En el contexto del alarmante aumento de los homicidios en la Región Metropolitana, el Gobierno ha estado realizando una serie de reuniones para impulsar proyectos de seguridad que están actualmente en el Congreso Nacional. Manuel Monsalve, Subsecretario del Interior, se encontró con los líderes de las bancadas y miembros oficialistas de las comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados en La Moneda.
Este lunes, las figuras prominentes de las comisiones, Iván Flores (DC) y Andrés Longton (RN), han sido convocados a una reunión con el Interior en el Palacio de Gobierno. Además, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que se está coordinando otra reunión con representantes de las bancadas de oposición en los próximos días.
Esta reunión se produciría en medio de la creciente presión para que Tohá, Monsalve y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, sean destituidos de sus cargos. Desde la UDI, se ha calificado el trabajo de las autoridades como «ineficiente», y la bancada de diputados del Partido Republicano ha instado al Ejecutivo a nombrar a personas más capaces.
Sin embargo, los diputados Andrés Jouannet (Amarillos), Gloria Naveillán (IND), Cristián Araya (Republicano) — miembros de la comisión de Seguridad de la Cámara — aseguran que aún no han sido convocados por el Ejecutivo para discutir estos asuntos.
Por otro lado, el senador Manuel José Ossandón (RN) confirmó que “una asesora del subsecretario Monsalve me escribió para ver la posibilidad de tener una reunión lo antes posible por los temas de seguridad”.
El Gobierno ha anunciado recientemente la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por la UDI y los diputados Juan Manuel Fuenzalida, Felipe Donoso y Juan Antonio Coloma, quienes afirmaron que la nueva cárcel no seguirá el «modelo salvadoreño».
Este modelo se refiere al régimen implementado en El Salvador con todos los reclusos que pertenecen a organizaciones criminales y que se consideran de «alta peligrosidad». Los legisladores advirtieron que, dada la grave crisis de seguridad que estamos viviendo, es incomprensible que la ministra Tohá haya descartado implementar un modelo más duro en la nueva cárcel de alta seguridad.
Jouannet (Amarillos) opinó que “US$ 90 millones para una cárcel es muy poco, para hacer una cárcel de alta seguridad para unas 500 o 1.000 plazas estamos hablando de por lo menos tres veces más. El tema de fondo es que aquí faltan carabineros, creo que esto es una demagogia, más que una propuesta seria”.
El diputado Andrés Longton (RN) criticó al Presidente Gabriel Boric, alegando que «una vez más, el Presidente de la República, para salir del paso, hace anuncios en materia de seguridad sin ninguna estrategia y sin ninguna incidencia en el corto plazo, trasladando el problema al Congreso y no a La Moneda y a él, que es el encargado de la seguridad en nuestro país y que ha sido incapaz de hacerse cargo».
Además, Gloria Naivellán (IND) sostuvo que el anuncio de la cárcel de alta seguridad se tuvo que haber hecho «hace mucho rato», además criticó que fuera sólo una, ya que se requieren muchas más, «las cárceles se pueden concesionar, bastaría con llamar a la licitación», argumentó la legisladora.
El diputado Cristián Araya (Republicano) manifestó que “los anuncios del Presidente Boric no son más que pirotecnia, intenta desviar la atención al Congreso para ocultar la incapacidad de su equipo frente a la crisis de seguridad. El Gobierno improvisa en seguridad, no tiene estrategia, lo único que hace es transitar entre excusas y disculpas”.
Por su parte, el senador Manuel José Ossandón (RN) dijo estar “muy contento con el anuncio del Presidente, no sólo porque lo habíamos planteado, sino porque es una necesidad urgente; no sólo cárcel de máxima seguridad, sino también adecuar el régimen que va a existir en esa cárcel, porque si no, no sirve de nada. Vamos a apoyar cualquier ley que le dé la autoridad al Presidente para poder construir cárceles más rápido, que es lo que necesitamos”.
