La próxima semana, cuando los parlamentarios retomen las actividades legislativas tras el receso, se espera que el Gobierno presente un veto presidencial que podría ser crucial para el desarrollo de las próximas elecciones municipales y regionales en Chile. El veto presidencial se propone para desatascar el proyecto de ley que permite realizar las próximas elecciones en dos días. No obstante, este proyecto no solo se limita a la duración de las elecciones, sino que también abarca otras reformas electorales que han generado divisiones entre las fuerzas políticas.
Los principales puntos de controversia son la multa relacionada con el voto obligatorio, el marco legislativo bajo el cual los extranjeros residentes en Chile podrán ejercer su derecho a voto, y cuánto se reducirá el reembolso por voto válidamente emitido. Sin embargo, en los últimos días ha surgido otro asunto desde el oficialismo: la reposición del feriado irrenunciable durante las jornadas de votación nacional.
Desde el inicio de la tramitación de este proyecto, la moción para reponer el feriado irrenunciable ha tenido adherentes. Sin embargo, en estos momentos ha tomado más fuerza. Los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Boris Barrera (PC) y Camila Musante (IND-PPD) llegaron hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y solicitar que en el veto presidencial se reincorpore el feriado irrenunciable en votaciones nacionales.
Según Juan Santana (PS), la preocupación surge de una indicación presentada por senadores de la oposición y aprobada posteriormente, que suprime el derecho al feriado legal irrenunciable por parte de miles de trabajadores y trabajadoras en Chile. Santana sostiene que esta medida constituye un «perjuicio tremendo para la labor que tiene el Estado de incentivar y garantizar efectivamente la participación de las personas en estos comicios».
Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) sostiene que la indicación aprobada «tiene bastantes vicios de constitucionalidad». En su opinión, lo más grave es que «afecta un principio que es el principio de no regresividad, el principio de progresividad de los derechos sociales y por lo tanto nos parece que es importante que el gobierno atienda esta preocupación».
El diputado Cuello añadió que el ministro se ha comprometido a estudiar la solicitud de incorporar en el veto presidencial este aspecto, que impediría un retroceso en derechos laborales y sociales.
La diputada Camila Musante (IND-PPD), por otro lado, sostiene que para resguardar una elección municipal donde puedan participar todos, es fundamental evitar la exclusión de quienes están trabajando en el comercio. Musante argumenta que en tres horas los trabajadores no alcanzan a trasladarse desde sus lugares de trabajo hacia sus locales de votación, especialmente en regiones como la metropolitana, donde el transporte y la locomoción pública tardan considerablemente más de tres horas en días de elecciones.
Mauricio Acevedo, dirigente de la Alianza de Trabajadores del Comercio, acusó que se trata de un derecho que existía hace más de una década y que fue eliminado recientemente en la gestión legislativa del proyecto. Acevedo sostiene que es fundamental evitar la eliminación de derechos tan fundamentales en democracia, cuando el objetivo es llegar algún día a que toda la familia pueda ir a votar con sus vecinos, como una verdadera celebración de la democracia.
