El escenario económico chileno ha presenciado una notable respuesta ciudadana a la reciente alza en las tarifas eléctricas. Hasta el cierre del sábado por la noche, 1.546.000 clientes habían postulado al subsidio que el Estado ofrece para mitigar este impacto. La cifra, sin embargo, podría ser mayor ya que el plazo de postulación se extendió hasta el domingo a las 23.59 horas.
Esta ayuda económica se estableció en la Ley de Estabilización Tarifaria, aprobada en abril pasado, con el objetivo de beneficiar a una considerable porción de la población que cae dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSE). No obstante, el financiamiento aprobado, de unos US$120 millones anuales, solo alcanza a 1,5 millones de hogares, o alrededor de 3 millones de personas, de los aproximadamente 4,7 millones de hogares que constituyen el 40% del RSE.
El gobierno, consciente de esta limitación, anunció el 1 de julio un proyecto de ley para ampliar la cobertura del beneficio a todo el 40% del RSE, establecer un subsidio adicional para hogares con personas electrodependientes y prolongar la entrega de esta ayuda hasta 2027. Para ello, se están buscando fuentes de financiamiento que permitan disponer de entre US$300 millones y US$350 millones anuales.
Las postulaciones al subsidio no son por persona o por familia, sino que están asociadas a un medidor y un número de cliente. Por lo tanto, si el jefe de familia es arrendatario, debe postular por el medidor que utiliza y no puede llevarse el subsidio a otra vivienda si se muda.
En cuanto a la entrega del subsidio, se espera que el correspondiente a este año se pague entre septiembre y octubre de una sola vez. Para los siguientes años, 2025 y 2026 al menos, se pagarán sobre la cuenta de la luz mes a mes.
La necesidad de este subsidio se hizo evidente a principios de julio, cuando se inició una fuerte alza en las cuentas de la luz. Esto fue consecuencia del congelamiento de estas tarifas desde 2019, después del estallido social y luego debido a las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. Esto generó una deuda acumulada con las empresas que proveen del servicio eléctrico que llegó a los US$6 mil millones.
Ante este escenario, el gobierno tuvo que descongelar las tarifas y aplicar incrementos a partir de este mes que alcanzaron hasta un 60% de alza en las cuentas de los clientes finales. Este aumento ha provocado un fuerte descontento ciudadano y ha puesto al ministro de Energía, Diego Pardow, en el centro de un huracán político.
El miércoles, diputados de oposición, encabezados por la jefa de la bancada de Demócratas, Joanna Pérez, anunciaron una interpelación en contra de Pardow, quien afirmó que está dispuesto a responder todas las dudas que le planteen los congresales. Los parlamentarios buscan conocer más sobre “el rol que jugó el Ministerio de Energía en la tramitación de la Ley de Estabilización Tarifaria, en su trabajo prelegislativo y en los compromisos realizados”.
Pese a la presión política, Pardow aseguró que su foco y el del gobierno está en entregar soluciones. Afirmó que, aunque actualmente llegan a un grupo de un millón y medio de hogares vulnerables con el subsidio, buscan triplicar esa cobertura para entregar una solución concreta a las familias chilenas.
En este contexto de alzas tarifarias y descontento ciudadano, el ministro de Energía ha sido citado en varias ocasiones por el Congreso para explicar el impacto en las pymes de las alzas de tarifas y otros aspectos relacionados con la situación energética del país.
