El viernes pasado, en un cambio de acontecimientos, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió por unanimidad al excarabinero Sebastián Zamora, que había sido acusado de intento de homicidio de un manifestante. Este incidente tuvo lugar el 2 de octubre de 2020 en el puente Pío Nono.
Los jueces Patricia Brundl, Claudia Morgado y Erick Aravena explicaron que se decidió sobre la base de «ambigüedad» en la acusación y «desorientación» por parte del Ministerio Público en sus argumentos finales con respecto al supuesto resultado fatal de las acciones de Zamora. Según los jueces, la acusación se basó en pruebas insuficientes y alegatos finales poco claros.
En respuesta a esta decisión, la bancada de diputados de Renovación Nacional envió un oficio al fiscal regional metropolitano centro norte, Xavier Armendáriz para expresar su preocupación por los costos incurridos en la investigación de este caso. Los diputados argumentaron que el juicio había requerido una inversión significativa de tiempo y recursos, a pesar de la evidencia insuficiente.
Los parlamentarios destacaron el fallo del Tribunal, argumentando que la fiscal Ximena Chong «persistió» en el juicio oral a pesar de la falta de pruebas sólidas. Añadieron que el principio de objetividad había sido gravemente infringido, sugiriendo que la falta de objetividad del órgano encargado de la persecución penal en Chile es indicativo de un Estado de Derecho cojo, donde los derechos humanos no son respetados.
Los legisladores continuaron argumentando que el veredicto demostraba una persecución sin rigor probatorio en colisión con el principio de objetividad que debe guiar la labor del Ministerio Público. Enfatizaron que nadie había cuestionado la cifra millonaria que costó al Estado y a los contribuyentes las infructuosas investigaciones del equipo liderado por la fiscal Ximena Chong.
Los legisladores también destacaron que la absolución de Zamora es solo un capítulo más en una serie de fracasos recientes. Sospechan que existe un factor común en estos fracasos: prejuicio hacia el desempeño de las labores policiales, especialmente en relación con los graves disturbios que siguieron al 18 de octubre de 2019.
A pesar de reconocer la autonomía constitucional del Ministerio Público, los legisladores expresaron sus preocupaciones sobre el rumbo cuestionable que algunas investigaciones han tomado en la Fiscalía Regional. Argumentaron que es necesario cuantificar económicamente los recursos públicos utilizados en el caso de Zamora para permitir a la ciudadanía evaluar de manera transparente la eficacia del trabajo de la Fiscalía y el desempeño de la fiscal Chong.
Este caso destaca las tensiones entre la necesidad de un sistema judicial eficaz y la presión ejercida por los organismos de seguridad para mantener el orden público durante los disturbios. La absolución de Zamora ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales en un país que ha sido sacudido por las protestas y la agitación política.
