El pasado 9 de abril, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunció una iniciativa que propone que las próximas elecciones municipales y regionales en Chile se realicen el sábado 26 y el jueves 27 de octubre. Esta propuesta, que incluye varios cambios significativos en el proceso electoral, ha generado un gran debate en el Congreso Nacional.
Entre los cambios propuestos se incluye la eliminación de la Ley Seca, el uso obligatorio de lápiz pasta azul para votar y la ampliación del transporte público durante los días de elecciones. Sin embargo, existen varios puntos de controversia como las multas por no sufragar, el feriado irrenunciable y el reembolso para los candidatos.
La Cámara y el Senado no lograron llegar a un acuerdo en estas materias, por lo que se conformó una comisión mixta con cinco integrantes de cada instancia para resolver las diferencias. Sin embargo, las desavenencias persistieron, especialmente en torno a la propuesta del Ejecutivo de modificar la palabra «electores» por «ciudadanos» al legislar sobre las multas.
Esta propuesta generó un fuerte debate, ya que algunos consideran que el término «ciudadanos» excluye a los extranjeros que tienen derecho a voto. Finalmente, el Senado rechazó el informe de la comisión y el Gobierno anunció un veto presidencial.
En el debate también participaron los diputados Gonzalo Winter (FA) y Camila Musante (IND-PPD). Winter criticó que las sanciones monetarias por no votar castigaban a los más pobres, mientras que Musante anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para reponer el feriado irrenunciable para el comercio.
Uno de los temas más controvertidos fue el voto obligatorio sin multa. La Cámara aprobó esta propuesta, pero los senadores la rechazaron argumentando que el voto obligatorio sin multa se comportaría como voto voluntario, disminuyendo la participación electoral.
Esta idea fue respaldada por Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma, y Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca. Ambos sostienen que el voto obligatorio aumenta la participación electoral.
El debate también se centró en la inclusión de los extranjeros en el padrón electoral. El ministro Elizalde propuso que las multas solo se aplicaran a los «ciudadanos», excluyendo a los extranjeros residentes en Chile. Esta propuesta fue rechazada por la comisión mixta, generando un nuevo conflicto en el Senado.
La participación de los extranjeros en las elecciones ha sido objeto de debate. Algunos argumentan que los inmigrantes son más propensos a respaldar candidaturas de centroderecha, lo que podría tener un impacto significativo en los resultados electorales.
Además, el diputado Winter generó una fuerte controversia al calificar el proyecto como «antipobres». Según él, las sanciones monetarias por no votar castigan a los más pobres. Esta afirmación fue rechazada por varios analistas, quienes argumentan que el voto obligatorio garantiza que la voz de los sectores más pobres sea escuchada.
Finalmente, la diputada Musante anunció que llevará el proyecto al Tribunal Constitucional porque elimina el feriado irrenunciable para el comercio. Según ella, esto vulnera un derecho laboral de los trabajadores, ya que les hace imposible ejercer su derecho a votar.
Estos debates y desacuerdos han puesto en una suerte de limbo al plan de La Moneda. El Gobierno tiene hasta el 27 de julio para resolver todas las candidaturas, por lo que el tiempo es un factor crucial. Por ahora, la iniciativa sigue en debate y la última palabra la tiene el Congreso.
