El denominado Caso Cascadas, que ha tenido a Julio Ponce Lerou, ex controlador de SQM, como uno de los actores principales, ha estado rodeado de complejidad y controversia desde su génesis en 2012. Sin embargo, a finales de mayo de 2024, el juicio penal llegó a su fin de una manera relativamente discreta y sin mucha algarabía mediática. La fiscal Paula Mandiola anunció que el Ministerio Público decidió no perseverar en la acción judicial que la fiscal Ximena Chong había liderado durante años.
El origen del Caso Cascadas se remonta a 2012, cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), liderada por Fernando Coloma, formuló cargos contra Ponce Lerou y otros ejecutivos por su supuesta participación en un esquema de manipulación del mercado de valores. Este esquema implicaba transacciones ficticias entre sociedades controladas por ellos, realizadas entre 2009 y 2011, que inflaban o reducían de manera artificial los precios de las acciones, perjudicando a los accionistas minoritarios y beneficiando a los controladores de las sociedades cascadas vinculadas a SQM.
La SVS impuso a Ponce Lerou, presidente de SQM y controlador de las sociedades cascadas, la multa más alta: 1.700.000 UF (US$ 70 millones). Otros ejecutivos como Aldo Motta, gerente general de las sociedades cascadas, y Roberto Guzmán Lyon, asesor cercano a Ponce, también recibieron multas considerables.
En 2016, el caso tuvo un nuevo hito, cuando el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que la SVS se había excedido en sus atribuciones al imponer multas tan altas. Como resultado, la sanción para Roberto Guzmán se redujo de 550.000 UF a 75.000 UF. Ponce Lerou y Leonidas Vial, también vieron sus multas reducidas significativamente.
Además del ámbito penal, el caso también tuvo una arista civil. La Tesorería General de la República presentó una demanda en contra de Ponce Lerou, exigiendo el pago de intereses por la multa impuesta por la SVS, que ascendía a $3.254 millones. Sin embargo, el 18º Juzgado Civil de Santiago rechazó esta demanda, argumentando que la multa y los intereses ya habían sido pagados en su totalidad.
Más allá de la resolución del juicio penal y la arista civil, el Caso Cascadas deja una serie de interrogantes. ¿Qué lecciones se pueden extraer para el futuro funcionamiento del mercado de valores? ¿Qué cambios normativos podrían implementarse para evitar la repetición de esquemas similares de manipulación? ¿Cómo se pueden fortalecer las instituciones de supervisión y control para garantizar la transparencia y la equidad en el mercado de valores?
Esperemos que el fin del Caso Cascadas no sea simplemente el cierre de un capítulo controvertido, sino que también sea una oportunidad para reflexionar y aprender, y así mejorar el funcionamiento de los mercados de valores y fortalecer la confianza de los inversionistas y del público en general. Porque en última instancia, el buen funcionamiento de estos mercados es esencial para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.
