La lucha por la vivienda asequible en Europa ha llevado al grupo socialdemócrata (S&D) en la Eurocámara a exigir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que implemente medidas sociales y políticas más sólidas para resolver el problema. Esta demanda es la principal condición del grupo para apoyar su continuación al frente de la Comisión Europea. En un momento crítico para la política europea, con una votación decisiva en el Parlamento Europeo programada para el próximo jueves, la posición de von der Leyen está bajo escrutinio.
El grupo S&D, que consta de al menos 136 eurodiputados, también insiste en que se mantenga la agenda verde en marcha y que no haya cooperación con la extrema derecha. Estas demandas surgen en medio de especulaciones de que von der Leyen ha estado cortejando a la primer ministra italiana, la ultraconservadora Giorgia Meloni, y a su grupo parlamentario, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
En una reunión a puerta cerrada en la Eurocámara, los socialdemócratas presentaron su propuesta a von der Leyen, señalando la falta de viviendas asequibles y una crisis apremiante en toda Europa. Propusieron la inclusión de programas específicos dentro de la política de cohesión europea y una inversión adicional de al menos 50.000 millones de euros, provenientes de varias fuentes de financiación, incluido el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El marco propuesto incluiría planes de vivienda social y asequible, apoyo a las políticas nacionales y a las viviendas públicas, una iniciativa legislativa para regular los alquileres y objetivos vinculantes para eliminar gradualmente el número de personas sin hogar en la UE. La eurodiputada socialista Lina Gálvez enfatizó que la escasez de vivienda es un problema europeo significativo y transversal, que también abarca la eficiencia energética y la agenda contra la pobreza.
Los socialdemócratas también piden la creación de la figura del comisario europeo de vivienda. Según fuentes parlamentarias presentes en la reunión, von der Leyen se mostró «receptiva» a la idea. Sin embargo, aunque la conversación fue cordial y von der Leyen se esforzó en convencer al grupo, el presidente de S&D, Iratxe García, subrayó que necesitan más concreción y que esa concreción se traslade a las líneas estratégicas que Von der Leyen tiene que presentar por escrito antes del debate que se celebrará el próximo jueves en el Parlamento Europeo.
García insistió en que el apoyo del grupo socialista no puede ser un cheque en blanco y enfatizó la necesidad de compromisos en materia de política social y derechos fundamentales. También insistió en que no permitirán retrocesos en los avances europeos fundamentales.
Von der Leyen está en medio de una ofensiva para obtener los 361 votos (de 720) de la Eurocámara que necesita para liderar de nuevo el Ejecutivo comunitario, como propusieron hace unas semanas los líderes de la UE. La presidenta de la Comisión busca convencer a su alianza tradicional: sus propios eurodiputados populares, los socialdemócratas y los liberales. Los tres grupos suman 401.
Sin embargo, el proceso de votación es secreto y von der Leyen anticipa que perderá votos incluso de sus propias filas populares. Por eso también está tanteando a los Verdes (53 parlamentarios), con los que se ha reunido este miércoles, y a algunos conservadores. En su reunión con los socialdemócratas, von der Leyen diferenció entre el grupo de ultraderecha de Meloni, ECR, y otros, como los nuevos Patriotas por Europa, del húngaro Viktor Orbán y la francesa Marine Le Pen.
Los votos de los socialdemócratas son decisivos para von der Leyen. En las negociaciones, el grupo S&D también pone mucho énfasis en medidas sociales y laborales, pidiendo reforzar la autoridad laboral europea y limitar las cadenas de contratos en subcontratas. También reclaman que se fije un objetivo de cobertura de los convenios del 80% de los asalariados, un paso que tendría un impacto significativo en los países del este, con niveles de protección mucho más bajos.
En términos de política medioambiental, las delegaciones socialdemócratas coinciden con las verdes en exigir que no haya marcha atrás en el pacto verde europeo. Un punto conflictivo será la aprobación de que 2035 sea el último año en que los fabricantes puedan vender coches de combustión. Esta medida fue aprobada con dificultades en la legislatura que ahora toca a su fin y hay muchas presiones desde el propio partido de von der Leyen, el PPE, para retrasar la entrada en vigor de esa prohibición. Según fuentes parlamentarias, este fue el punto en el que von der Leyen se mostró más esquiva.
