La música urbana ha sido objeto de un intenso debate en Chile durante los últimos años, con críticos que argumentan que glorifica el consumo de drogas y el uso de armas. En un intento por frenar la difusión de dichos mensajes en eventos públicos, la Contraloría de Chile ha emitido una nueva normativa que impone restricciones a los contenidos de los festivales, carnavales y conciertos organizados por las municipalidades.
La Contraloría, encabezada por Dorothy Pérez, ha especificado que las autoridades y funcionarios deben evitar cualquier contenido que vaya en contra de las garantías constitucionales, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile. La normativa se aplica a los eventos que son financiados con recursos públicos y busca prevenir la difusión de mensajes que inciten a atentar contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas, vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o promuevan actividades calificadas como infracciones o delitos, como el tráfico de drogas, el porte o uso ilegal de armas, la asociación ilícita o la trata de personas.
Este asunto es particularmente relevante para la música urbana, tanto nacional como internacional, que ha sido objeto de escrutinio por el contenido de sus letras y sus eventuales vínculos con ilícitos como el narcotráfico. Un ejemplo de esto fue el caso del artista de música urbana Peso Pluma, cuya participación en el Festival de Viña del Mar 2024 fue objeto de controversia debido a la percepción de que sus letras romantizan el narcotráfico.
El concejal René Lues fue uno de los críticos más destacados de la participación de Peso Pluma en el festival, argumentando que no es adecuado utilizar recursos y espacios públicos para promover este género de música y las canciones ligadas al narcotráfico. Según Lues, la sociedad no debe romantizar figuras delictivas con su dramático historial de violencia y sangre.
Este no es un problema nuevo. Hace dos años, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley para prohibir que en los establecimientos educacionales se pudiera reproducir música o videos que incitaran el consumo de drogas o el porte de armas. El diputado José Miguel Castro expresó su preocupación de que los videoclips que muestran autos fabulosos, mansiones, joyas, armas y drogas estén influyendo de manera preocupante en los jóvenes y niños, quienes podrían empezar a normalizar el consumo de drogas o el uso de armas como algo permitido.
A pesar de las críticas, muchos artistas de música urbana han salido en defensa del género. Polimá Westcoast, un destacado artista de música urbana chilena, ha criticado lo que considera una «criminalización» del género urbano. Según Westcoast, los artistas de música urbana simplemente relatan sus vivencias y luchas, y no todos los que hacen una canción son necesariamente cantantes de música urbana.
Westcoast también destacó que los artistas de música urbana son «gente que tiene un corazón puro, que son músicos, que hacen arte y que no representan otra cosa». Afirmó que la música urbana se está globalizando y transformando en algo global.
En resumen, la nueva normativa de la Contraloría plantea un importante desafío para los artistas de música urbana, que deberán encontrar formas de expresar sus experiencias y vivencias sin infringir las restricciones impuestas. Al mismo tiempo, la normativa también plantea preguntas sobre la libertad de expresión y el papel del estado en la regulación del contenido artístico.
