El escenario en cuestión se centra en la ciudad de Antofagasta, donde la organización Democracia Viva tiene estancada una suma de $294.957.312 pesos chilenos (aproximadamente 378,000 USD), equivalente al 70% de los ingresos totales obtenidos a través de tres convenios. Este dinero ha permanecido inmóvil en una cuenta bancaria de un juzgado local durante un año, sin generar intereses. El monto total de los tres convenios ascendía a $426 millones de pesos chilenos (aproximadamente 543,000 USD).
La retención de estos fondos fue el resultado de una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Primer Juzgado Civil de Antofagasta. Esta demanda es un litigio separado de la causa penal en la que está implicado Daniel Andrade, ingeniero y expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), y actual presidente de la fundación Democracia Viva. El CDE solicitó que Democracia Viva devolviera $391.768.516 pesos chilenos (aproximadamente 500,000 USD), equivalentes al 91% del total de los tres convenios. Estos convenios fueron celebrados entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) y el Secretario Regional Ministerial de Vivienda (SEREMI) de Antofagasta, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.
La defensa de Andrade, dirigida por el abogado José Ignacio Figueroa, argumenta que la suma solicitada por el CDE no se ajusta a la realidad del caso. Como tal, han presentado un recurso de apelación ante la Corte de Antofagasta. Según la defensa, de los $426 millones de pesos chilenos iniciales, $131.615.770 pesos chilenos (aproximadamente 168,000 USD), que representan el 30%, ya fueron gastados. De estos, $34 millones fueron aprobados por el SEREMI MINVU, mientras que $97.384.286 fueron cuestionados o rechazados debido a retrasos en la presentación de las cuentas por parte de la fundación. Ahora, la corte civil de Antofagasta está debatiendo si estos fondos fueron gastados adecuadamente por la fundación.
La defensa de Andrade asegura que han encargado una pericia que demuestra que todos los fondos gastados por la fundación están respaldados. Es decir, sostienen que todas las cifras que ya no están disponibles tienen una explicación, tanto en términos de materiales como de estudios de campo.
A raíz de la demanda civil presentada por el CDE, el tribunal decidió, como medida cautelar, retener los fondos de la fundación. Esta medida se dictó el 26 de julio del año pasado. Inicialmente, el dinero estaba en una cuenta del Banco Estado, pero luego fue transferido a la cuenta corriente del Primer Juzgado Civil de Antofagasta, también del Banco Estado. Los fondos se han mantenido allí desde entonces, casi un año después.
Figueroa asegura que Andrade siempre ha estado dispuesto a devolver el dinero y posee correos electrónicos que respaldan esta afirmación. Por lo tanto, no comprenden por qué los fondos siguen retenidos, dado que una parte importante de las acusaciones contra Andrade se basan en el monto total de los convenios.
Según los abogados defensores de Daniel Andrade, cuando el ingeniero se enteró de la explosión del caso, presa del pánico, se propuso restituir lo más rápido posible los fondos que no se habían utilizado. Para ello, comenzó a enviar correos al SEREMI. En estos correos, Andrade proponía ejecutar las cláusulas número 16 de cada uno de los convenios y devolver los fondos no utilizados.
La respuesta a este correo llegó desde Marietta Méndez, Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura del SEREMI de Vivienda de Antofagasta. En su respuesta, indicó a Andrade que la información se haría llegar «a nivel central», ya que «es facultad del Ministro el término anticipado de cualquier convenio».
Andrade envió otro correo casi diez días después, insistiendo en las dudas sobre la restitución de los fondos de Democracia Viva. En él, volvía a preguntar a qué cuenta debía transferir el dinero y cómo avanzar con las rendiciones pendientes de revisión. La respuesta llegó el mismo día, aclarando que la secretaría estaba trabajando en el proceso de liquidación de los convenios.
La defensa de Andrade emitió un recurso de apelación en ese mismo tribunal civil el 8 de junio de este año. En el escrito, insisten en que el saldo, que corresponde a casi el 70% del perjuicio que ha imputado el Ministerio Público, siempre ha estado a disposición del Fisco de Chile. Añaden que la suma de $426.000.000 que el Ministerio Público imputó como perjuicio fiscal total no es efectiva, es decir, se aleja de la realidad.
La defensa de Andrade también apela a que parte de los argumentos para denegar una «mejora» de su situación actual – arresto domiciliario total en la casa de su madre en La Florida – son los delitos que se le imputan. En la acusación que se ha hecho al ingeniero, se ha considerado judicialmente que el delito quedó consumado con la mera entrega de los $426 millones a la fundación Democracia Viva. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta todo lo que ocurrió con esos fondos después de su entrega.
Otras instancias han considerado la intención de Andrade de devolver el dinero no gastado. Por eso, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rebajó su medida cautelar, de prisión preventiva en Antofagasta a arresto domiciliario en La Florida.
¿Por qué, entonces, el dinero no puede ser restituido a las arcas del Estado? Según el escrito, a pesar de la intención de Andrade de hacerlo de forma directa a través de correos electrónicos, se requiere la existencia de un equivalente jurisdiccional. Esto implica la celebración de una escritura pública de transacción o conciliación entre el CDE y la fundación Democracia Viva, algo que hasta ahora no ha sucedido.
Figueroa explica esto de otra manera: dado que la primera demanda del Consejo fue por el total de los convenios, es decir, $426 millones, no es posible restituir el dinero aún, ya que se necesitaría una demanda que se ajuste al total real de los montos que existen. Mientras tanto, desde la Corte de Apelaciones de Antofagasta explican que la causa civil sigue en curso, y que falta esperar al fallo final.
El Consejo de Defensa del Estado fue contactado para este reportaje, pero decidió no participar.
