El miércoles pasado, el gobierno chileno anunció un veto presidencial sobre un proyecto que tenía como objetivo realizar las elecciones municipales y regionales de octubre en dos días. Esta decisión se produce después de un traspié que se experimentó en el Senado, que resultó en la falta de sanción para el voto obligatorio. El anuncio fue realizado por Álvaro Elizalde, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en el Congreso Nacional, antes de la cuenta pública del mismo.
Elizalde destacó que el gobierno ha tomado la decisión de vetar la iniciativa. Sin embargo, los detalles técnicos de la misma se proporcionarán una vez que se haya realizado el estudio correspondiente. En esencia, el veto está destinado a establecer una sanción para los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones. El ministro también hizo hincapié en que la decisión de vetar el proyecto se tomará una vez que el gobierno reciba el oficio del Congreso Nacional.
La reforma que propone extender a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre y que implementa otras medidas electorales, quedó en una especie de limbo legislativo. Esto sucedió después de que la propuesta para desbloquear la iniciativa no obtuviera los votos suficientes en la sala de la Cámara Alta. A pesar de que las dos propuestas de la comisión mixta – grupo conformado por cinco diputados y cinco senadores con el objetivo de resolver los nudos de la reforma – recibieron un apoyo mayoritario de la sala, la falta de apoyo del oficialismo resultó en un quórum insuficiente de 29 votos.
En particular, la propuesta para restablecer las multas y reducir las contribuciones fiscales a las campañas electorales solo obtuvo 25 votos de apoyo. Los senadores de la coalición gobernante se dividieron entre 7 abstenciones y 7 votos en contra.
La controversia radica en el artículo 14 de la Constitución que otorga el derecho a voto a los extranjeros «avecindados en Chile por más de cinco años». Esta norma se estableció en 1980 principalmente para los inmigrantes europeos que habían vivido en Chile durante décadas. Sin embargo, la norma señala que los migrantes «podrán ejercer el derecho de sufragio», sin establecer un criterio obligatorio, al igual que con todos los votantes. Además, la situación migratoria actual es completamente diferente a la de los años 80. Por tanto, el gobierno y algunos legisladores creen que podría haber una interpretación constitucional conflictiva para la aplicación de la multa.
Durante su anuncio, Elizalde recalcó que el gobierno trabajará en los detalles técnicos durante la semana regional o distrital. También señaló que hay varios aspectos que deberán ser considerados para que la ley se aplique de manera adecuada y de esta manera consagrar la obligación de participar en las elecciones según lo establece el mandato constitucional.
La decisión del gobierno de vetar el proyecto es un paso significativo en la política chilena. Este veto presidencial demuestra la determinación del gobierno de garantizar la participación ciudadana en las elecciones, que es una obligación constitucional. Sin embargo, la decisión también ha levantado controversias, especialmente en lo que respecta a los derechos de voto de los migrantes. Con el cambio en la situación migratoria desde los años 80 hasta ahora, es crucial que se revisen las normas para asegurar la equidad y la inclusión en el proceso electoral. A medida que avanzamos, será interesante ver cómo el gobierno aborda estos desafíos y trabaja para mejorar el sistema electoral de Chile.
