El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando declaró culpable a Eduardo Macaya Zentilli, padre del presidente del partido político chileno Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, por dos casos de abuso sexual reiterado a menores de edad. Sin embargo, el tribunal lo absolvió de otros dos casos de la misma naturaleza que habían sido presentados en su contra.
Macaya, de 72 años, había sido acusado de abuso sexual reiterado contra cuatro niñas menores de 14 años, cuyas identidades permanecen protegidas. El juicio, que se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, fue declarado reservado, lo que significa que se restringió tanto el acceso de la prensa como del público general por razones de privacidad.
El veredicto de culpabilidad fue anunciado el viernes, y el tribunal comenzó a analizar las medidas cautelares que se le aplicarán a Macaya. Se confirmó que la lectura de la sentencia se ha fijado para el 19 de julio. La Fiscalía Regional había solicitado una pena de 12 años de cárcel para Macaya.
Hasta la lectura del veredicto, Macaya había estado cumpliendo arresto domiciliario después de pagar una fianza de 150 millones de pesos, lo que le permitió abandonar la prisión preventiva que se le había impuesto inicialmente.
Antes del juicio, Macaya insistió en su inocencia y alegó que si no fuera por el cargo político de su hijo, esta causa no existiría. Sostuvo que la acusación era más una persecución política, ya que era más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI que investigar los hechos que motivaron la denuncia.
En relación a su decisión de rechazar un juicio abreviado, Macaya afirmó que no estaba dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiere.
La primera denuncia que desencadenó la investigación y el posterior juicio se presentó a principios de junio de 2023, cuando la familia de una niña menor de 12 años acusó a Macaya de haber realizado actos de connotación sexual en su contra. La investigación del hecho permitió descubrir que habría otras tres víctimas, al menos dos de las cuales serían muy cercanas a Macaya. Según algunas versiones, se trata incluso de nietas de Eduardo Macaya.
La absolución de Macaya en los otros dos casos sugiere que el tribunal no encontró suficiente evidencia para condenarlo por todos los cargos. Sin embargo, la condena en dos de los casos expone la gravedad de los delitos y la importancia de la justicia en la protección de las víctimas de abuso sexual, especialmente cuando son menores de edad.
Este caso ha generado un profundo impacto en la sociedad chilena, no solo debido a la gravedad de los delitos, sino también debido a la prominencia del acusado, cuyo hijo es un destacado político del país. La atención mediática y pública en torno al caso subraya el imperativo de la rendición de cuentas, independientemente del estatus social o político de un individuo.
El abuso sexual a menores es un tema de gran preocupación en todo el mundo. Este caso resalta la importancia de la denuncia y la persecución de estos delitos, independientemente de quién sea el acusado. También pone de manifiesto la necesidad de proteger la identidad de las víctimas menores de edad y garantizar que reciban el apoyo y la asistencia necesarios.
A medida que se acerca la fecha de lectura de la sentencia, se espera que el tribunal determine las medidas cautelares adecuadas para Macaya. En este momento, la Fiscalía Regional ha solicitado una pena de 12 años de prisión. Sin embargo, la decisión final dependerá del análisis y la deliberación del tribunal.
El caso de Macaya ofrece una importante lección sobre la necesidad de mantener la integridad y la justicia en todas las esferas de la sociedad, incluso en los niveles más altos. A medida que el proceso continúa, es crucial garantizar que se haga justicia y que las víctimas sean protegidas y apoyadas.
