Regulación global y su impacto en la Inteligencia Artificial

EL PAÍS

En el acelerado mundo de la inteligencia artificial (IA), China se está posicionando como un líder global. La nación asiática ha implementado la IA en el sector público, abarcando escuelas, hospitales y guarderías, como una forma de cohesión social, apunta Raquel Jorge, investigadora del Real Instituto Elcano. Sin embargo, esta integración también puede ser vista como una vía de control.

Según Juan Carlos Hernández Peña, profesor y analista del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial, Datai, de la Universidad de Navarra, parte de la normativa china obliga a la comunidad a evitar la discriminación y respetar la propiedad intelectual. Además, prohíbe la creación de contenidos que puedan dañar los intereses o la imagen nacional. Este enfoque normativo, sin embargo, tiene un impacto significativo en la economía de la IA: China alberga a 1.200 empresas dedicadas a la IA y ha registrado 326.000 patentes, superando las 306.000 de Estados Unidos.

China ha desarrollado su propia legislación reguladora de la IA, con el Internet Information Service Algorithmic Recommendation Management Regulations (ISARM) aprobado en 2022. Esta ley exige el registro de algoritmos vinculados con la opinión pública y controla la difusión de información considerada dañina. En 2023, se introdujo la Deep Synthesis Regulation para prohibir el uso de deepfakes y la Generative AI Regulation para controlar los chatbots basados en ChatGPT.

La agresiva estrategia de China en la IA ha provocado tensiones con Estados Unidos. Más allá de las estimaciones de la consultora McKinsey de que la IA podría agregar entre 2,3 y 4,3 billones de euros anuales en ganancias de productividad a la economía mundial, la situación también afecta a la seguridad nacional estadounidense. “Ningún ciudadano estadounidense con un cargo ejecutivo y de relevancia puede trabajar en una compañía europea o china dedicada a la IA”, revela Raquel Jorge.

Estados Unidos ha estado «distraído» por sus enfrentamientos geopolíticos y desafíos internos, dejando un vacío en la regulación de la IA. En un intento por llenar este vacío, el presidente Joe Biden recurrió a una antigua ley de los años de la Guerra de Corea, la Defense Production Act, para redactar una orden ejecutiva que establece la responsabilidad de las agencias federales de desarrollar políticas públicas que alineen la IA con los derechos fundamentales, protejan la salud pública y establezcan estándares de ciberseguridad.

Por otro lado, Google se comprometió a indemnizar a los clientes que sufran infracciones de derechos de autor en la utilización de sus productos de IA generativa. Mientras tanto, en California, se aprobó la Assembly Bill 302, que establece la obligación de inventariar los sistemas de IA de alto riesgo que tomen decisiones automatizadas en relación con vivienda, educación, salud y justicia.

En Europa, se está desarrollando la primera Ley de Inteligencia Artificial, que se espera que esté lista en primavera. Paralelamente, España está ultimando su Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). La nueva regulación europea pretende evitar que la IA se use con fines represivos, de manipulación o discriminatorios, pero sin ser tan abrumadora que frene la competitividad de la Unión Europea.

En Iberoamérica, la «Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales» representa un avance significativo en el posicionamiento político en cuanto a transformación digital. Sin embargo, la región carece de una legislación compartida en IA. Solo Brasil, Colombia, Chile y Perú cuentan con una estrategia nacional de IA, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En Asia, países como Japón, Corea del Sur, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos están desarrollando marcos regulatorios para la IA, aunque aún no son leyes específicas. La idea es pensar en la competitividad global, sin una normativa rígida. Sin embargo, todavía faltan naciones importantes como Australia, India, Rusia o Arabia Saudí, que aún no han desarrollado una legislación de IA con la ambición y el alcance de la europea.

Deja una respuesta