El Congreso de Chile se encuentra actualmente en medio de un conflicto legislativo después de que una reforma electoral propuesta no lograra obtener los votos necesarios en el Senado. La reforma, que busca ampliar las elecciones municipales y regionales de octubre a dos días e implementar otras medidas electorales, quedó en una especie de limbo legislativo.
Las propuestas procedían de una comisión mixta, un grupo de cinco diputados y cinco senadores, creada para resolver las complicaciones de la reforma. A pesar de que las dos propuestas contaron con un respaldo mayoritario en la sala, la falta de apoyo del oficialismo fue decisiva. Se necesitaban 29 votos para alcanzar el quórum necesario, pero solo se obtuvieron 25.
En particular, la propuesta para reintroducir multas y reducir los aportes fiscales a las campañas electorales no logró el apoyo necesario. Los senadores de la alianza gubernamental se dividieron entre 7 abstenciones y 7 votos en contra.
La segunda propuesta, que buscaba regular la propaganda en redes sociales y canales regionales de televisión, también fracasó, obteniendo solamente 26 votos.
Desde el principio, el proyecto de ley estuvo rodeado de controversia, con varios intereses en juego. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando el gobierno alertó de un posible conflicto jurídico relacionado con la aplicación de multas a los extranjeros que no voten. Esta advertencia llevó a los senadores de la alianza gubernamental a retirar su apoyo a la reforma.
A pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo, la derecha se negó a eximir a los inmigrantes de la multa. La oposición sugirió que detrás de la decisión oficialista, que contó con el respaldo de La Moneda, había un cálculo electoral. Se cree que el voto de los inmigrantes, especialmente de los venezolanos que residen en el país, tiende a ser contrario a la izquierda, lo cual podría ser crucial en comunas como Santiago, Recoleta o Estación Central.
Curiosamente, hasta la mañana del día de la votación, los senadores oficialistas estaban de acuerdo con las propuestas de la comisión mixta. Sin embargo, sus posturas cambiaron drásticamente por la tarde, después de que el gobierno explicó las implicaciones del voto obligatorio y la posible multa para los extranjeros residentes en el país.
Macarena Lobos, subsecretaria general de la Presidencia, fue quien planteó el problema inicialmente durante la reunión de la comisión mixta presidida por el senador Manuel José Ossandón. Sin embargo, Ossandón puso en votación la propuesta de la nueva multa sin darle mayor importancia al tema.
Cuando la comisión estaba a punto de discutir el siguiente punto, llegó el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Aunque no puso objeciones al monto de la multa, Elizalde pidió un cambio en la redacción para que la multa se aplicara a «ciudadanos» y no a «electores», como finalmente se aprobó.
La senadora Luz Ebensperger criticó duramente el intento del gobierno de discriminar en la aplicación de la multa, excluyendo a los inmigrantes no nacionalizados. Para Ebensperger, la multa debería aplicarse a todos los que no voten, independientemente de su nacionalidad.
La controversia se basa en el artículo 14 de la Constitución, que otorga el derecho a voto a los extranjeros residentes en Chile por más de cinco años, sin necesidad de que estén nacionalizados o sean considerados «ciudadanos chilenos». Esta es una norma antigua, establecida en 1980 principalmente para los inmigrantes europeos que llevaban décadas viviendo en Chile.
El problema es que la norma indica que los inmigrantes «podrán ejercer el derecho de sufragio», sin especificar que sea obligatorio, como es el caso para todos los electores chilenos. Además, la realidad migratoria actual es muy distinta a la de los años 80, por lo que podría haber una interpretación conflictiva de la Constitución para la aplicación de la multa.
Elizalde defendió la actuación de los senadores oficialistas y atribuyó la falta de consenso a la renuencia de la oposición a dialogar sobre el tema de los inmigrantes. Aunque no se especificaron los pasos a seguir, se baraja la posibilidad de un veto presidencial.
