La octava operación para asesinar a Nicolás Maduro en lo que va de año está en marcha, un hito que solo ha sido igualado por Fidel Castro en la historia de América Latina. En esta ocasión, los protagonistas y el modus operandi han trascendido la ficción revolucionaria más audaz. Todo comenzó con un comunicado del grupo paramilitar colombiano, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que controla la región fronteriza entre la Guajira y el Magdalena.
De manera inusualmente amistosa, los criminales informaron que se les había propuesto llevar a cabo atentados terroristas en Venezuela y pidieron hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para informarle a Maduro de la situación. Esta es una faceta solidaria desconocida para aquellos que controlan el narcotráfico y la extorsión a empresarios en esa región del Caribe, además de luchar contra otros grupos irregulares por el control del territorio.
Paralelamente, y no por casualidad, el exlíder de los paramilitares colombianos, Salvatore Mancuso, reveló supuestos planes desestabilizadores del excandidato presidencial Henrique Capriles para bombardear el Palacio de Miraflores y eliminar al entonces presidente, Hugo Chávez. Esto supera cualquier trama ficticia de Netflix.
Según el fiscal chavista, Tarek William Saab, un emisario que se identificó como miembro de la oposición venezolana fue enviado y presentó fotos con líderes de la oposición. Todos se identificaron como partidarios de la extrema derecha. Entre las supuestas solicitudes de los opositores estaba «atentar contra Nicolás Maduro en un acto público», atacar las instalaciones eléctricas del país antes del 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, e infiltrarse en marchas para incitar a la violencia.
En las últimas semanas, el gobierno ha acusado a la oposición de intentar cortar el cable submarino que une la isla de Margarita con el continente y que suministra electricidad a la isla, e incluso de derribar uno de los puentes más grandes del país.
La supuesta propuesta de los opositores, que no ofrecieron ninguna compensación económica, era asilo «cuando ellos tomaran el poder», afirmó el fiscal, quien ha contactado con la Fiscalía colombiana para participar en las investigaciones sobre «este nuevo intento de desestabilización terrorista».
«Venezuela ha sido el mayor campo de pruebas de la superpotencia Estados Unidos para ejecutar cada uno de los aspectos de la guerra híbrida», declaró el fiscal.
El general Vladimir Padrino, jefe del generalato chavista y ministro de Defensa, se unió a la denuncia, acusando directamente a la «ultraderecha venezolana» (como el régimen denomina a la oposición democrática) de intentar crear «una sensación de guerra civil al argumentar fraude» en las elecciones.
«No es nada extraño que este sector de la oposición radical (que el chavismo vincula directamente con la líder opositora Maria Corina Machado) recurra nuevamente al guion de la violencia. Ahora muestran nuevamente su faceta antidemocrática en vísperas de una jornada electoral, que buscan aprovechar para ocultar su verdadero rostro fascista», concluyó el general Padrino.
El primero en responder fue Henrique Capriles, quien a 19 días de las trascendentales elecciones presidenciales lidera varios actos de apoyo a la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia. «Lo único que buscan es empañar el camino electoral por el que siempre hemos apostado y trabajado, y lo seguiremos haciendo», afirmó el líder de la oposición.
