La presidenta de la república, Dina Bolaurte, y el titular del Congreso, Alejandro Soto, han unido sus voces en una carta conjunta para expresar su rechazo a una resolución emitida recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La resolución en cuestión llama a la anulación del «trámite legislativo» de la ley que aborda la prescripción de delitos de lesa humanidad.
La ley de prescripción de delitos de lesa humanidad ha sido objeto de un acalorado debate tanto a nivel nacional como internacional. Esta ley regula el tiempo después del cual ya no se puede juzgar ni condenar un delito de lesa humanidad. En otras palabras, establece un ‘plazo de caducidad’ para estos delitos, lo que ha sido motivo de controversia.
Bolaurte y Soto argumentaron que esta ley es necesaria para mantener el equilibrio en el sistema judicial del país. En su carta, afirmaron que la resolución de la Corte IDH no respeta la soberanía de su nación, un argumento que ha sido ampliamente discutido y debatido en el contexto de las leyes internacionales y los derechos humanos.
La Corte IDH es una institución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargada de supervisar la observancia de los derechos humanos en los países miembros. Su resolución se basó en el principio del no-olvido, que sostiene que los delitos de lesa humanidad deben ser recordados y juzgados, independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde su comisión.
Esta no es la primera vez que la Corte IDH y la administración de Bolaurte han chocado en lo que respecta a las cuestiones de derechos humanos. Sin embargo, el tono y la firmeza de la carta conjunta de Bolaurte y Soto marcan un punto de inflexión en la relación entre las dos entidades.
El conflicto se centra en la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. Este tratado internacional es el pilar de los derechos humanos en América y establece, entre otras cosas, la prohibición de la tortura y las desapariciones forzadas.
En su carta, Bolaurte y Soto reiteraron su compromiso con los principios establecidos en el Pacto de San José y expresaron su disposición a dialogar con la Corte IDH para resolver este conflicto. Sin embargo, también subrayaron la necesidad de respetar la soberanía nacional y el derecho de su país a determinar su propio sistema legal.
La ley de prescripción de delitos de lesa humanidad ha dividido a la opinión pública, con algunos argumentando que es una necesidad para la reconciliación nacional, mientras que otros ven en ella un intento de borrar los crímenes del pasado y negar justicia a las víctimas.
El debate sobre la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad no es exclusivo de este país. En muchos países de América Latina, se han promulgado leyes similares en el pasado, y han sido objeto de igual controversia. Dichas leyes han enfrentado a aquellos que abogan por la memoria histórica y la justicia, contra aquellos que argumentan la necesidad de la reconciliación y el perdón.
La carta de Bolaurte y Soto ha reavivado el debate en torno a este tema polémico, y es probable que la controversia continúe a medida que avanzan las discusiones sobre la ley. No obstante, lo que está claro es que este conflicto no es simplemente una cuestión de leyes nacionales versus leyes internacionales, sino una lucha más profunda sobre cómo recordamos y tratamos los crímenes de lesa humanidad.
Como tal, la resolución de este conflicto requerirá no sólo el diálogo entre Bolaurte, Soto y la Corte IDH, sino también una reflexión más profunda sobre los principios fundamentales de justicia, memoria y reconciliación. En última instancia, este debate subraya la difícil tarea de equilibrar los derechos humanos con la soberanía nacional y la necesidad de establecer un marco legal que refleje estas complejidades.
