El pasado lunes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile aprobó una indicación que permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir el levantamiento del secreto bancario sin necesidad de pasar por un tribunal. Con tres votos a favor y dos abstenciones, esta decisión ha generado polémica en la esfera política, en medio de discusiones que pretenden establecer un subsistema de inteligencia económica, otorgando mayores atribuciones a la UAF y al servicio de Aduanas.
Esta indicación es uno de los proyectos de ley sobre el levantamiento del secreto bancario que se están discutiendo actualmente. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso durante la sesión que la UAF puede solicitar el levantamiento del secreto bancario ante un juez de la Corte de Apelaciones cuando detecta una operación sospechosa reportada por uno de los organismos obligados a reportar. Sin embargo, este proceso puede ser una traba para la UAF, ya que la tramitación del procedimiento suele interrumpir las actividades de inteligencia del organismo.
Marcel propone que la normativa permita a un organismo administrativo requerir información bancaria a través de un proceso rápido para ejercer sus acciones de fiscalización. Para ello, propone eliminar el requisito judicial y reemplazarlo por uno administrativo, sujeto a varios controles para garantizar su correcto ejercicio.
El director de la UAF, Carlos Pávez, enfatizó la necesidad de avanzar en esta materia, argumentando que el crimen organizado a menudo implica una serie de operaciones financieras que forman parte de una estructura delictiva, a veces con alcance internacional. Pávez señaló que la UAF intercambia información con sus homólogos internacionales a través de una red de cooperación. Sin embargo, si la UAF no puede proporcionar información oportuna a sus contrapartes internacionales, tampoco puede recibir esa información a tiempo.
En respuesta a la propuesta, el senador Manuel José Ossandón (RN) solicitó postergar la votación, argumentando que la iniciativa no cuenta con suficientes salvaguardas para garantizar la seguridad de la información a la que tendría acceso la UAF. Ossandón pidió más detalles sobre el tiempo que la Corte tarda en dar acceso a la UAF a los datos y cuántas veces el organismo lo ha solicitado. Pávez respondió que las respuestas de la Corte de Apelaciones son generalmente rápidas, pero reconoció que la UAF no realiza todas las consultas que debería hacer para avanzar en los procesos de inteligencia y contribuir en las investigaciones penales.
Marcel retomó el discurso para repasar las sanciones ya aprobadas en la comisión para aquellos que cometan una infracción al hacer mal uso de la información bancaria. Agregó que la cuestión relevante no es cuántas veces la UAF solicita autorización, sino cuántas veces más se accedería a la información bancaria si estuviera en operación el mecanismo propuesto.
Finalmente, el texto fue aprobado con los votos a favor de los senadores Iván Flores (DC), Jaime Quintana (PPD) y Paulina Vodanovic (PS), y las abstenciones de José Miguel Durana (UDI) y Manuel José Ossandón (RN). Para el día 23 de julio, se espera que la Comisión de Seguridad Pública despache el proyecto de ley para continuar su trámite en la Sala del Senado.
