El Ministerio Público de Chile ha presentado cargos de acusación contra Renato Alfonso Pinto Delgado, Luis Dagoberto Troncoso Parra y Eduardo Gonzalo Ugarte Ronzier tras una investigación llevada a cabo por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Este caso se reveló en junio de 2021 gracias a BBCL Investiga y tiene que ver con la creación y venta de facturas falsas con el objetivo de defraudar al fisco por una suma superior a los $5.100 millones.
Estos individuos, según la acusación, llevaban a cabo la mayor parte de sus transacciones monetarias en efectivo, todo para mantener la operación en secreto. Las transacciones se originaban a partir de documentación tributaria adulterada. Incluso uno de los testaferros admitió que viajaba frecuentemente con maletines llenos de dinero entre la provincia de Arauco y Concepción.
El Ministerio Público ahora busca penas que suman más de 15 años para los acusados. El juicio está programado para comenzar el 31 de julio a las 09:00 horas en el Juzgado de Garantía de Cañete.
Entre los datos presentados por el Ministerio Público, se encuentra la cifra exacta del perjuicio fiscal, que asciende a $5.195 millones. Según la acusación, los tres acusados llevaron a cabo un total de cuatro hechos delictivos.
El fiscal Danilo Ramos Silva sostiene que Eduardo Ugarte Ronzier, en su calidad de representante legal de Innovaciones Forestales SpA, presentó declaraciones de impuesto al valor agregado (IVA) en las que aumentó indebidamente y deliberadamente los créditos fiscales que la empresa tenía derecho a hacer valer. Esta acción se llevó a cabo gracias a 155 facturas falsas que permitieron a la empresa pagar $5.195 millones menos en impuestos.
Además, el fiscal sostiene que las facturas utilizadas por Ugarte Ronzier eran falsas porque mostraban compras de madera que no se realizaron de la manera descrita en las facturas y en las guías de despacho correspondientes. En muchos casos, las cantidades y los montos descritos no coincidían, y en otros casos, las ventas respaldadas por la documentación fiscal simplemente no existieron.
Se acusa a Renato Pinto Delgado, como representante legal de Forestal Los Acacios SpA, de haber facilitado a Innovaciones Forestales un total de 150 facturas falsas que se utilizaron para defraudar al fisco. De acuerdo con el documento de 59 páginas que el Ministerio Público presentó en el caso, Pinto Delgado sabía que la empresa que representaba emitía estas facturas por ventas de madera que no se realizaban de la manera descrita entre 2014 y 2016.
Específicamente, se acusa a Pinto Delgado de facilitar estas facturas, entre otros fines, para permitir que fueran registradas en la contabilidad de Innovaciones Forestales SpA y así rebajar su carga tributaria, pagando menos IVA del que correspondía. Además, a través de Los Acacios, Pinto Delgado consiguió facturas falsas emitidas por los «facilitadores» de estos documentos, los cuales daban cuenta de actividades comerciales inexistentes.
En términos generales, se comprobó que en algunos casos los facilitadores de estos documentos fiscales habían iniciado actividades en el SII con el único fin de comercializar facturas a Los Acacios. En muchos casos, se utilizaban roles de terreno donde nunca se había extraído madera o de lugares donde el recurso se había agotado mucho antes.
Además, se acusa a Pinto Delgado de haber causado un perjuicio de unos $300 millones al fisco gracias a seis solicitudes de devolución de IVA que le había sido retenido por las supuestas ventas de madera a Innovaciones Forestales. Según la acusación, la devolución del impuesto fue obtenida por el acusado, a pesar de que las solicitudes se basaban en créditos fiscales ficticios originados en un total de 26 facturas provenientes de 6 contribuyentes, quienes no realizaron las operaciones que estas facturas consignan.
Por otro lado, la figura de Luis Troncoso Parra también se destaca en la acusación. Según la investigación, Troncoso Parra utilizó la empresa de la cual su hermana era representante legal para facilitar de manera maliciosa facturas falsas a Renato Pinto. No sólo involucró a su familia en la operación, sino que también convenció al menos a otros cinco contribuyentes para que facilitaran sus propias facturas y documentos fiscales, siempre con el mismo fin: defraudar al fisco.
En términos de las sanciones solicitadas, la fiscalía está solicitando para Eduardo Ugarte Ronzier una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y una multa del 200% de lo defraudado, equivalente a una cifra superior a los $10.300 millones de pesos. Para Renato Pinto, la fiscalía solicita dos penas de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, más una multa de 40 Unidades Tributarias Anuales (UTA) y otra también equivalente al 200% de lo defraudado. Por último, para Luis Troncoso, el Ministerio Público está pidiendo una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 40 UTA.
El juicio oral se preparará en la audiencia del próximo miércoles 31 de julio. Para esta instancia, el Ministerio Público ofreció el testimonio de 60 testigos, además de la declaración de peritos y una veintena de aparatos electrónicos.
