El debate en torno a la gestión de las pensiones de gracia en Chile ha sido objeto de controversia reciente, particularmente en lo que respecta a quién se le otorga este beneficio y cómo se determinan los beneficiarios. El poder de otorgar estas pensiones recae exclusivamente en el Presidente de la República, y en algunos casos, ha habido necesidad de revocar dichos beneficios, lo que ha generado un debate público considerable.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización de las pensiones de gracia otorgadas por la Subsecretaría del Interior y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante el período comprendido entre enero de 2021 y febrero de 2024. Esta fiscalización reveló un total de 782 actos emitidos durante este período.
Además de este hallazgo general, el CPLT realizó un análisis más detallado de una muestra de 175 actos de 2023 que conceden el beneficio. Este análisis reveló que se contabilizaron 630 beneficiarios, de los cuales, en 278 casos (que representan un 44% de la muestra), no se indica el criterio de asignación. Este hecho ha generado preocupaciones sobre la transparencia y el proceso de toma de decisiones en la asignación de estas pensiones.
Las pensiones de gracia son un tipo de compensación financiera otorgada a ciertos individuos por el estado. Estas pensiones no están vinculadas a las contribuciones previas a la seguridad social, sino que se otorgan a discreción del gobierno a personas que han hecho contribuciones excepcionales a la sociedad o que se encuentran en una situación de necesidad especial.
El hecho de que casi la mitad de los beneficiarios identificados en la muestra no tuvieran un criterio de asignación claramente definido llama la atención sobre la necesidad de una mayor transparencia en la toma de decisiones y la asignación de estos fondos. La discrecionalidad en la asignación de estas pensiones puede dar lugar a preocupaciones sobre el favoritismo, la corrupción y la distribución desigual de los recursos.
El Presidente de la República tiene el poder exclusivo de otorgar estas pensiones, lo que añade un elemento de política y potencial de partidismo a la ecuación. En algunos casos, el Ejecutivo ha tenido que revocar estos beneficios, lo que posiblemente indica problemas con el proceso de toma de decisiones o la justificación para otorgar estas pensiones en primer lugar.
El Consejo para la Transparencia (CPLT), que llevó a cabo la fiscalización, es un organismo independiente que tiene como objetivo garantizar la transparencia y el acceso a la información en el sector público. El hecho de que el CPLT haya realizado esta fiscalización y haya identificado estas preocupaciones subraya la importancia de su papel en la supervisión de la administración pública y la responsabilidad gubernamental.
La Subsecretaría del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los dos organismos que otorgaron las pensiones de gracia durante el período en cuestión, tienen responsabilidades y mandatos significativos en la administración pública. La Subsecretaría del Interior es responsable de la política interior y de la relación entre el gobierno y las regiones, mientras que el INDH es un organismo autónomo que promueve y protege los derechos humanos en el país.
Este análisis del CPLT y los hallazgos resultantes ponen de relieve la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la asignación de las pensiones de gracia. Asegurar que estos beneficios se otorguen de manera justa y equitativa es esencial para mantener la confianza pública en estas instituciones y en el gobierno en general.
Este artículo se basa en informes de El Mercurio, un importante periódico chileno. Para obtener más detalles y un análisis completo, se recomienda leer la noticia completa en la última edición de El Mercurio.
