El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile enfrenta una situación preocupante debido a los ataques y cuestionamientos que ha recibido recientemente. Jab Jarab, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ha expresado su inquietud por esta situación.
En una carta de apoyo enviada a la directora del INDH, Consuelo Contreras, Jarab respondió a la reciente decisión de la Cámara de Diputados de aprobar una propuesta de partidos de derecha solicitando a la Corte Suprema que remueva a Contreras y al consejero Francisco Ugás de sus cargos. Esta iniciativa se produjo después de que el INDH presentó una querella por tráfico de influencias en el nombramiento de la ministra del máximo tribunal María Teresa Letelier, un escándalo que involucra al candidato a alcalde de Renovación Nacional, Mario Desbordes.
Jarab criticó las acciones de la oposición, señalando que parecen ignorar los principios fundamentales que rigen a instituciones como el INDH. «Ellas tienen un rol esencial en la vigencia del Estado democrático y en la protección de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación», advirtió.
Mostró su preocupación por el uso de una herramienta penal en contra de algunos miembros del Consejo del INDH, recordando que es un cuerpo colegiado que adopta sus decisiones conforme a procedimientos previamente establecidos. Además, recomendó al INDH elevar la queja a otras instancias internacionales y regionales, citando los pactos y convenciones en materia de derechos humanos firmados por Chile.
Por su parte, Contreras reafirmó su convicción de que las querellas presentadas se han realizado en el legítimo uso de las facultades del INDH. Recordó que hasta la fecha, la institución ha promovido más de tres mil recursos por apremios ilegítimos y 40 por sustracción de menores.
A pesar de los desafíos actuales, la directora del INDH aseguró que la institución seguirá trabajando en la protección y promoción de derechos humanos con la misma convicción que lo ha hecho hasta ahora.
Este escenario pone de manifiesto la complejidad y la tensión que enfrentan los organismos de derechos humanos en Chile, en un contexto de marcadas divisiones políticas y sociales. El INDH, institución fundamental en la salvaguarda de los derechos humanos en el país, se encuentra en el ojo del huracán, viendo cuestionada su legitimidad y su capacidad para actuar de manera independiente y objetiva.
El papel crucial que desempeña el INDH en la garantía y protección de derechos humanos en Chile es ineludible. Sin embargo, este incidente pone de manifiesto la necesidad de garantizar su independencia y su capacidad para actuar sin interferencias políticas.
Es importante recordar que los institutos de derechos humanos, como el INDH, son fundamentales para garantizar la protección de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación, siendo vitales para la vigencia del Estado democrático. Una sociedad justa y equitativa requiere instituciones fuertes y efectivas que salvaguarden los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.
La situación actual del INDH es un llamado a reflexionar sobre el papel y la importancia de los organismos de derechos humanos en la sociedad chilena. Es crucial que estas instituciones puedan operar sin interferencias políticas, para poder cumplir con su misión de proteger y promover los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Esperamos que esta situación sea resuelta de manera justa y equitativa, y que el INDH pueda continuar con su importante labor en la protección y promoción de los derechos humanos en Chile. La estabilidad y efectividad del INDH son fundamentales para la protección de los derechos humanos en el país, y cualquier intento de socavar su legitimidad o su capacidad para actuar debe ser considerado con la mayor seriedad.
La situación en el INDH es un reflejo de las tensiones y desafíos que enfrentan las instituciones de derechos humanos en todo el mundo. Es crucial que estas instituciones mantengan su independencia y su capacidad para actuar de manera objetiva y justa, y que se les permita realizar su importante labor sin interferencias políticas o sociales.
