El alcalde de Recoleta en Chile, Daniel Jadue, enfrenta una potencial permanencia en prisión preventiva de 45 días, lo que amenaza su cargo como jefe comunal. En respuesta, su defensa, compuesta por varios abogados destacados, ha presentado una solicitud urgente de revisión de cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud solicita que la revisión se lleve a cabo antes del 18 de julio, en un intento de evitar que Jadue cumpla su tiempo en prisión preventiva.
El equipo de defensa de Jadue incluye a los abogados Gonzalo Boye, Rodrigo Alberto Liberona, Carlos Margotta, Hugo Gutiérrez, Ramón Sepúlveda, Juan Carlos Manríquez, Enzo Morales, Egon Matus de la Parra, Fernando Yuri Matus de la Parra, Rodolfo Yanzón, Vladimir Alberto Riesco y Marco Antonio Quevedo. Todos ellos están firmemente unidos en su esfuerzo por lograr la libertad del alcalde Jadue.
En su presentación a la CIDH, los abogados argumentan que la no adopción de una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva «supondrá un daño irreparable» en los derechos fundamentales de Jadue. Según su defensa, si se mantiene la prisión preventiva después de 45 días, se «materializará la vulneración, ya con carácter definitivo, de los derechos de participación política» de Jadue.
El documento presentado a la CIDH también destaca la posición de Jadue como un figura influyente en la política chilena contemporánea. El alcalde de Recoleta es conocido por su liderazgo municipal progresista, su activismo en defensa de los derechos sociales y su impacto en el debate político nacional. Los abogados afirman que estas cualidades, en lugar de cualquier presunto delito, son la verdadera razón detrás de la «persecución» que Jadue ha estado sufriendo, que se ha evidenciado en las medidas de prisión preventiva y en el intento de deponerle como alcalde.
Además, la defensa de Jadue sostiene que su activismo a favor de Palestina y sus «claras» posibilidades de ser precandidato presidencial en las próximas elecciones son factores que «explican las razones ocultas de esta persecución». Comparan la situación de Jadue con la del expresidente de Brasil, Lula da Silva, quien también enfrentó en su momento acusaciones de corrupción.
La diputada Carmen Hertz, en confirmación de la solicitud presentada ante la CIDH, declaró que si Jadue permanece en prisión preventiva después del 18 de julio, se «desconoce la representación y soberanía popular». Señaló que la situación actual «vulnera de manera irreparable el derecho a la participación política» del alcalde Jadue.
Jadue ha estado en prisión preventiva desde la primera semana de junio en el anexo penitenciario Capitán Yáber. El 3° Juzgado de Garantía de Santiago determinó que su libertad representa un «peligro para la seguridad de la sociedad». Jadue está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, además de un delito concursal cometido durante su presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
