Las investigaciones sobre las adopciones irregulares en Chile entre 1970 y 1990 han estado en marcha durante casi una década. El lunes, el juez Guillermo de la Barra Dünner asumió la investigación de estas adopciones ilegales. A pesar de los años de investigación, no ha habido condenas hasta la fecha. Sin embargo, se han dado a conocer diversas historias con emotivos reencuentros de familias décadas después.
Guillermo de la Barra fue asignado por el Pleno de la Corte Suprema para llevar a cabo la investigación con dedicación preferente, sin embargo, su trabajo no se limitará exclusivamente a esta causa.
De la Barra toma el lugar del ministro en visita extraordinario Jaime Balmaceda, quien estuvo a cargo de la investigación durante cinco años. De esta forma, De la Barra se convierte en el tercer juez en liderar la investigación judicial sobre las adopciones ilegales en Chile, que comenzó en 2017 bajo la dirección del entonces magistrado Mario Carroza.
¿Quién es Guillermo de la Barra?
Con 44 años, Guillermo de la Barra es abogado de la Universidad Católica de Chile y tiene una trayectoria de casi 30 años en el Poder Judicial. Ha trabajado en juzgados del crimen y de garantía, donde se ha desempeñado como relator de las causas.
Entre sus fallos más mediáticos, se encuentra la absolución de los condenados por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. En este caso, se estableció que el ex jefe de Estado no murió por homicidio, sino por complicaciones médicas.
Antes de integrar su sala, De la Barra investigaba junto a la jueza Paola Plaza las diversas causas abiertas por las violaciones de DD.HH. durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cuando el Pleno de la Corte Suprema informó sobre el nuevo rol que tendrá el juez, se determinó que los procesos se traspasen a la mencionada magistrada.
¿Por qué no han habido condenas por adopciones irregulares en Chile?
El magistrado que estaba a cargo de las indagatorias, Jaime Balmaceda, sostuvo en marzo en una conversación con El País que la justicia no ha condenado a nadie porque “no se ha dado ninguno de los supuestos legales que permiten disponer una condena”.
En cuanto a las personas que le dijeron a las madres que sus hijos fallecieron cuando no era así, el ministro expuso que “no es delito”. “Puede ser un hecho que es moralmente reprochable, pero yo soy el juez del crimen, tengo que castigar las conductas que son constitutivas de delito”, agregó.
Esta causa ha generado gran revuelo en la sociedad chilena, y las respuestas a las preguntas aún pendientes son esperadas con ansias por las familias afectadas y por la comunidad en general. Aunque la justicia parece moverse lentamente, la esperanza es que la verdad salga a la luz y se haga justicia para las víctimas de estas adopciones ilegales.
