El diputado Gonzalo Winter ha enviado un oficio a la Superintendencia de Pensiones para indagar sobre el financiamiento y costos de la campaña “Yo quiero elegir”, patrocinada e impulsada por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Su intención es conocer si los recursos para el desarrollo de la campaña publicitaria provienen de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y conocer el alcance de esta publicidad en medios análogos y/o digitales.
La Superintendencia de Pensiones, en respuesta al diputado Winter, declaró el 21 de junio que no tiene la autoridad legal para fiscalizar a las asociaciones gremiales, incluyendo la Asociación de AFP. Esto indica una limitación en el alcance de su jurisdicción, impidiéndole tomar acciones respecto a la asociación.
A pesar de esta respuesta, la Superintendencia de Pensiones informó que las aseguradoras han llevado a cabo más de 2,321 campañas en los últimos dos años a través de varios medios de comunicación, como redes sociales, radio, televisión y prensa, entre otros. Esta información proporciona una visión de la magnitud de las actividades publicitarias realizadas por estas entidades.
El diputado Winter, al entender que las campañas de la Asociación de AFP se oponen a la reforma del Gobierno, cuestionó si las acciones de la asociación no constituyen un boicot para evitar la entrada de un nuevo competidor, como sería una AFP estatal. Este cuestionamiento sugiere una posible violación a las reglas de la libre competencia.
Debido a las limitaciones de la Superintendencia de Pensiones para fiscalizar a la Asociación de AFP, Winter decidió oficiar a la Fiscalía Nacional Económica con respecto a la campaña “Yo quiero elegir”. El diputado acusó a la asociación de atentar contra los principios de la libre competencia, al boicotear la entrada de un nuevo competidor.
Winter destacó la importancia de investigar si existe fijación de precios, asignación de cuotas de mercado o exclusión de competidores por parte de la Asociación de AFP. Según el parlamentario, no se puede permitir que las acciones de estos organismos gremiales transgredan las reglas de la libre competencia y perjudiquen a los trabajadores.
Este caso ilustra la complejidad de las leyes y regulaciones que rigen el sector de las pensiones en Chile, y la necesidad de transparencia y equidad en la competencia del mercado. El desafío para los legisladores y reguladores es garantizar que las AFP operen de manera justa, sin aprovecharse de su posición dominante para bloquear la entrada de nuevos competidores.
El cuestionamiento de Winter a la Asociación de AFP también pone de relieve el papel crucial que juegan las asociaciones gremiales en la economía chilena. Si bien estas organizaciones tienen la capacidad de influir en las políticas y prácticas comerciales, también tienen la responsabilidad de actuar de manera ética y justa, respetando las normas de libre competencia.
La acusación de Winter destaca la necesidad de un análisis exhaustivo y equilibrado del funcionamiento del sistema de pensiones de Chile. El diputado ha pedido una investigación para determinar si las acciones de la Asociación de AFP están boicoteando la entrada de un nuevo competidor, lo que podría tener importantes implicaciones para el sistema de pensiones del país.
En última instancia, la decisión de la Fiscalía Nacional Económica sobre si procede o no una investigación formal puede tener un impacto significativo en la dirección futura del sistema de pensiones de Chile. Este caso pone de relieve la importancia del escrutinio público y la supervisión regulatoria para garantizar la equidad y la transparencia en el sistema de pensiones y en el sector financiero más amplio.
