El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) se encuentra en medio de una creciente tormenta legal, ya que la Policía Federal brasileña le ha imputado este jueves en un caso que investiga su presunto intento de apropiación indebida de lujosas joyas obsequiadas por países árabes durante su mandato como jefe de Estado.
De acuerdo a las fuentes oficiales, los investigadores han presentado cargos contra doce personas, incluido el líder ultraderechista, por los delitos de apropiación de bien público, lavado de dinero y asociación para delinquir. Sin embargo, los abogados del exmilitar, que siempre han negado las acusaciones, insisten en que las joyas siguen en poder de la Presidencia y no han emitido comentarios sobre los resultados de la investigación.
Después de la imputación, el informe de la Policía será enviado al magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien está a cargo de la investigación y deberá remitirlo a la Fiscalía. A partir de ahí, la Fiscalía determinará si hay indicios suficientes para procesar a los acusados y si solicita a la Corte que inicie el correspondiente juicio.
En este caso, los cargos por asociación para delinquir se presentaron contra las doce personas investigadas, incluyendo al exministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque y el exedecán de Bolsonaro, Mauro Cid. Por otro lado, siete personas fueron acusadas por peculado (apropiación de bien público) y nueve por lavado de dinero.
El caso en cuestión se refiere a un conjunto de joyas y objetos de gran valor que Bolsonaro recibió durante visitas oficiales a Arabia Saudita y otros países árabes, y que debería haber entregado al patrimonio del Estado al finalizar su mandato. Según la investigación, Bolsonaro vendió algunas de estas joyas a través de intermediarios, pero algunos de sus colaboradores las recompraron una vez que el Estado exigió su devolución.
Entre los imputados se encuentra el abogado Frederick Wassef, defensor del expresidente, quien, según la investigación, viajó a Estados Unidos para recomprar las joyas después de que el Estado exigió su devolución. Esta acción tuvo lugar en enero del año pasado, cuando el progresista Luiz Inácio Lula da Silva asumió el poder.
En marzo pasado, Bolsonaro también fue imputado por los cargos de asociación para delinquir y uso de datos falsos en registros oficiales en otro caso en el que se le investiga por un supuesto fraude en la obtención del certificado de vacunación contra la covid-19.
Las confesiones de Mauro Cid fueron determinantes en ambos casos. Cid fue detenido en mayo de 2023 y hoy está en libertad provisional después de firmar un acuerdo con las autoridades en el que se comprometió a confesar sus delitos y proporcionar pruebas contra sus cómplices a cambio de beneficios judiciales.
Además de estas investigaciones, Bolsonaro también es objeto de una tercera pesquisa por parte de la Policía Federal. Esta investigación, la más grave hasta la fecha, sitúa a Bolsonaro en el centro de una conspiración golpista que buscaba anular la victoria electoral de Lula en octubre de 2022 y mantener al líder ultraderechista en el poder.
El intento de golpe culminó el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del líder ultra invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema con la intención de forzar una intervención militar para derrocar al Gobierno de Lula.
Además de enfrentarse a investigaciones penales, Bolsonaro también está en la mira de la justicia electoral, que en dos casos ya le ha privado de sus derechos políticos durante ocho años debido a abusos de poder político y económico cometidos durante la campaña para los comicios en los que fue derrotado en 2022.
